El presidente Javier Milei ya tiene listo para la firma el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que autoriza el nuevo acuerdo con el FMI y en el Gobierno ya se preparan para buscar su aprobación en la Cámara de Diputados, en una discusión con bloques opositores sobre la legalidad del mecanismo que eligió para tratar de blindar el entendimiento con el organismo de crédito y evitar demoras.
Una vez que el Presidente lo firme, el DNU deberá publicarse en el Boletín Oficial para entrar en vigor. Fuentes de Casa Rosada confirmaron a iProfesional «puede ser este lunes o martes, pero ya está en Legal y Técnica», en referencia a la secretaría que encargada de dar las puntadas finales a las medidas de esta índole.
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza con el board del FMI en cerrar el acuerdo el último fin de semana Milei afirmó que «los dólares que llegarán tendrán el objetivo de cancelar deuda del Tesoro con el BCRA (Banco Central) y, así, mejorar su patrimonio neto, que surge del balance entre su pasivo (base monetaria y deuda remunerada) y su activo (reservas y títulos públicos)». El mandatario también remarcó que no implicará deuda nueva con el organismo.
No obstante, la polémica pasa por la decisión de buscar el apoyo del Congreso al DNU que aprueba el acuerdo con el Fondo en lugar de enviar un proyecto de ley que lo avale, como esperaban los legisladores y como marca la llamada «Ley Guzmán» que se aprobó casi por unanimidad en 2021. El Gobierno entiende que con el decreto cumple esa obligación pero la oposición lo objeta.
Acuerdo con el FMI: ¿cuál es la hoja de ruta para el DNU de Javier Milei en el Congreso?
Todo DNU se mantiene vigente mientras no sea rechazado por las dos Cámaras del Congreso, por lo que al Gobierno le alcanzaría con que lo apruebe solo una o bien con que se dilate su tratamiento una vez que llegue al Congreso. El oficialismo iría por la primera alternativa, según dejó trascender la Rosada.
No obstante, el decreto estará a salvo mientras que no haya un voto mayoritario en contra de Diputados y del Senado. Precisamente a eso apunta la jugada que puso en marcha Milei. En el Gobierno estiman que les resultará más fácil defender un DNU que un proyecto que necesita la aprobación de las dos Cámaras para convertirse en ley.
En ese contexto, el escenario más difícil para el oficialismo es el Senado, donde cuenta con apenas seis votos propios y el bloque peronista/kirchnerista Unión por la Patria tiene un fuerte poder para condicionar la agenda con 34 bancas. Por ese motivo la intención del Gobierno es buscar la aprobación del decreto en la Cámara de Diputados.
Una vez que el DNU se publique en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para enviarlo a la Comisión Permanente de Trámite Legislativo, que a su vez tendrá el mismo plazo para emitir dictamen sobre la validez o invalidez del decreto y someterlo dejarlo listo para su votación en el recinto.
El plan del Gobierno para blindar el DNU, con la mira en Diputados
La Comisión Bicameral encargada de analizar los DNU está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, entre ellos el oficialista Juan Carlos Pagotto que preside ese cuerpo. El vice es el diputado Hernán Lombardi (PRO) y el secretario el senador Víctor Zimmermann (UCR). Entre el resto de los integrantes hay oficialistas y opositores más duros y más dialoguistas.
Se trata de los senadores Luis Juez (PRO), Carlos «Camau» Espínola (Unidad Federal), Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (Unión por la Patria); y los diputados Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), Francisco Monti (UCR), Oscar Zago (MID) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).
Si bien el DNU estará vigente incluso si nunca se trata en el recinto, la idea del Gobierno es buscar su aprobación en Diputados y dejar así cerrado el debate en torno al acuerdo con el FMI. Para ello confía en obtener las 9 firmas que necesita en la Bicameral para alzarse con el dictamen de mayoría entre los oficialistas y los opositores que responden a gobernadores o que son cercanos a LLA.
Ese sería el caso de senadores como Zimmermann, que responde al gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, o Espínola, que es aliado del Gobierno en la Cámara alta. El oficialismo espera sumar también a Paoltroni, y a los diputados Zago y Monti.
¿Cómo se perfila la discusión sobre el decreto y el acuerdo con el FMI?
La discusión, sin embargo, será bastante espinosa. Buena parte de la oposición cuestiona que avanzar en un acuerdo con el FMI por DNU no cumple con la obligación que establece la llamada «Ley Guzmán», impulsada por el ex ministro de Economía de Alberto Fernández.
Esa norma establece que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI)» y «cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente».
Un grupo de diputados de Unión por la Patria ya presentó este lunes una denuncia penal contra Milei con el argumento de que el DNU «es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales, y de la Ley 27.612» que dispone esas condiciones para cualquier operación con el FMI.
En tanto, el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, referente del bloque de diputados Democracia para Siempre, advirtió que el DNU es «ilegal» por esa misma razón pero además criticó que el Gobierno pretende con esto que el acuerdo con el FMI se discuta «a libro cerrado». La Casa Rosada ya había hecho saber antes de anunciar el decreto que no enviaría al Congreso los detalles técnicos sobre las exigencias del Fondo y los compromisos de Argentina.
Con el DNU el Gobierno podría eludir esas explicaciones ante los legisladores. Uno de los argumentos que esgrimen es que evitarían así movimientos anticipados del mercado financiero, especialmente los que especulen sobre el precio del dólar. No obstante, esta decisión es otro factor que se mete en la discusión.
Pero además, la oposición cuestiona el planteo de Milei de que el acuerdo no implicará nueva deuda y considera que en realidad será un reemplazo de acreedor: en lugar de que la deuda sea del Tesoro con el Banco Central, será con el Fondo. El oficialismo también enfrentará esta discusión en la Cámara de Diputados.
La negociación que se palpita en Diputados
En cualquier caso, el plan de máxima del Gobierno es buscar el dictamen en la Bicameral y luego apelar a los gobernadores para conseguir la aprobación en Diputados, dado que el eventual acuerdo con el FMI influye en el acceso al financiamiento para las provincias.
Por ello tanto en la Rosada como en el Congreso, según supo este medio, estiman que los jefes provinciales no querrán que se frustre y mandarán a votar a favor. Además, Milei se ocupó de remarcar durante su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa que el Congreso nunca bloqueó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fue un mensaje a varias puntas.
En tanto, el plan de mínima es que si el tratamiento en el Congreso se dilata por esta discusión el DNU seguirá en pie y por lo tanto el acuerdo con el organismo no se vería afectado. Ese es el corazón de la estrategia que eligió el Gobierno y que tuvo la semana pasada un guiño del mismo FMI al señalar que conseguir el apoyo parlamentario es una cuestión «de derecho interno», es decir, del juego político alrededor de los vericuetos legales del país.
De esta forma, el DNU que firmará Javier Milei pondrá en marcha el acuerdo con el FMI mientras la Comisión Bicameral discute sobre su validez y el oficialismo busca la aprobación en la Cámara de Diputados, confiado en que el mecanismo elegido le facilita el trámite y lo ayuda a blindarse frente a los cuestionamientos de la oposición.