jueves, 27 de febrero de 2025 08:54
La abogada Mariana Barbitta informó que asumió recientemente la defensa del ex miembro de la Cámara de Apelaciones y Exhortos Raúl Héctor Da Pra, quien está imputado junto a su colega Juan Pablo Morales por el delito de “cohecho pasivo agravado” en el marco de la causa conocida como la “videodenuncia”.
La investigación de la causa, según se conoció días atrás, avanza hacia la realización del juicio oral en la Cámara Penal N°3, luego de que la Corte de Justicia rechazara un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Si bien la causa se encuentra elevada a juicio, desde esta nueva defensa se han podido advertir, a simple vista, ciertas irregularidades y deficiencias que no pueden ser pasadas por alto, ni mucho menos ser las bases de un juicio oral, público y contradictorio en el marco de un Estado de Derecho como el nuestro”, advirtió la abogada en un comunicado, donde además señala que “el expediente se originó a partir del sospechoso envío de un mail anónimo procedente de una casilla no identificada y de un mensaje enviado directamente al celular personal del Fiscal. La imputación es absolutamente genérica y se sostiene en elementos probatorios de dudosa legitimidad que no pudieron ser plenamente controlados por la defensa. Además, durante el proceso no se produjeron ni se tuvieron en cuenta ninguna de las pruebas ofrecidas por el Dr. Da Pra, vulnerando de forma clara su derecho de defensa”.
Barbitta, también cargó en contra del fiscal Facundo Barros Jorrat, quien tuvo bajo su tutela la investigación al afirmar que “actuó de forma arbitraria, sin criterio ni objetividad, generando un discurso que impide la reconstrucción de la verdad y refuerza una persecución desmedida. Incluso, existen en el expediente resoluciones judiciales que consideraron agraviantes las manifestaciones vertidas por el Fiscal, dando razón a la defensa y dando cuenta de que, efectivamente la acusación pública se expresó de forma injuriosa respecto de un ciudadano que goza plenamente del principio de inocencia”.
La abogada, quien ejerce principalmente en Buenos Aires, se encuentra en Catamarca “a los fines de poder presentarse en el Tribunal y examinar correctamente la totalidad de las actuaciones, y de esta forma analizar la situación en la que se encuentra el expediente y si los antecedentes han respetado o no las garantías constitucionales que deben estar presentes en todo proceso penal”.