Piden la intervención de la Corte Penal Internacional

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme catamarqueño Nahuel Agustín Gallo, quien permanece secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, pidió que intervenga la Corte Penal Internacional en la liberación del joven argentino a más de 50 días de su detención arbitraria.

Con un posteo, citó directamente a Karim Ahmad Khan, procurador de la CPI. «Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en circunstancias y en qué lugar está. Ayúdenos, estamos desesperados”, planteó la mujer. Antes había hecho otra publicación en la que reclamó por la libertad de Gallo y señaló que «su familia necesita su liberación, lo estamos esperando para regresar a casa».

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El 2 de enero el Gobierno de Javier Milei denunció ante la Corte Penal Internacional la detención arbitraria y desaparición forzada del gendarme. Según el comunicado oficial de Cancillería, la denuncia incluyó una mención directa hacia el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, que defendió la decisión del régimen en relación con la situación de Gallo y aseguró que el argentino participaba de “acciones conspirativas contra la paz republicana”, en una entrevista que publicó el sitio Infobae.

En el reportaje, Saab insistió en que Nahuel Gallo fue detenido por participar de una supuesta “conspiración” de alcance internacional y puso en duda el argumento de que viajó, en realidad, para visitar a su pareja. “Ésa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor. Mire: el mexicano, estadounidense, los peruanos, los colombianos, los españoles dicen que vinieron a ver a sus novias, incluyendo el argentino. ¿De verdad que, eh?”, afirmó.

La administración argentina enmarcó el secuestro del gendarme dentro de un presunto “patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad” ocurridos en Venezuela, argumentando que dichos actos se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Durante su presentación ante este organismo, calificaron el hecho como una “violación grave y flagrante de los derechos humanos”.

El caso de Gallo es una de las prioridades de la política exterior del gobierno argentino, que reiteró que se utilizarán “todos los recursos legales y diplomáticos” disponibles con el objetivo de garantizar los derechos del gendarme argentino y “exigir justicia en el ámbito internacional”.

Gallo salió del país con permiso de las autoridades de Gendarmería Nacional, hacia Chile en su auto personal y desde Santiago tomó un avión con destino a Bogotá, Colombia. Desde allí viajó en micro hasta Cúcuta, y quiso cruzar a bordo de un taxi hacia la ciudad de Ureña, en el estado de Táchira. Allí fue detenido.n