La detención del “trader” colombiano Arley Johany Nieto Guzmán abre la posibilidad de profundizar la investigación sobre lavado de activos y eventuales canales de fuga al exterior del dinero esquilmado en las criptopirámides catamarqueñas.
De acuerdo con la requisitoria de captura internacional del Juzgado Federal, el hombre operó al servicio de la financiera “RT Inversiones” por lo menos durante un año, contratado por la banda liderada por Edgardo Bulacio.
El clan Bulacio lo traía a Catamarca desde Colombia en costosos vuelos privados y en varias oportunidades lo alojó en la casa de Ariel Vergara, uno de los ejecutivos de la empresa procesado, para prevenir indiscreciones.
Al parecer, Edgardo Bulacio hijo y Matías Rolón Reynoso no eran demasiado duchos en el arte de la especulación con criptoactivos y Bulacio padre consideró conveniente introducir en la estructura a un experto. Esta necesidad se hizo más acuciante cuando la crisis de “Adhemar Capital”, de Edgar Adhemar Bacchiani, empezó a prefigurar el colapso a fines de 2021.
Nieto Guzmán cayó en Colombia el mes pasado, tras una búsqueda que abarcó más de 190 países. Iniciados los trámites para la extradición, el Juzgado Federal evalúa viajar para indagarlo o cumplir con el trámite por vía remota.
El “trader” enfrenta los mismos cargos que el resto del clan Bulacio, pero no está claro todavía su grado de participación en las estafas.
Aunque podría tratarse solo de un asesor externo convocado para salvar las precariedades de Bulacio hijo y Rolón Reynoso, el fiscal Rafael Vehils Ruiz espera obtener de él información valiosa para probar el lavado de activos, que es el delito más importante para justificar la competencia federal en todas las causas.
Tensión entre los pesquisas
Emerge una tensión que atraviesa todo el derrotero procesal de los expedientes por las criptopirámides.
El énfasis puesto en encontrar los botines para pagarle con ellos a los acreedores, que tuvo momentos de alta comicidad, fue en detrimento de las indagaciones sobre lavado de activos. Vehils Ruiz se opuso, por caso, a que los bienes incautados fueran puestos a disposición de las quiebras de Bacchiani y los Bulacio hasta no determinar si son fruto de operaciones de blanqueo de dinero ilícito.
En octubre de 2022, en el marco de la causa Bacchiani, el fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez –que acaba de jubilarse y será suplantado por Vehils Ruiz- recriminó al juez de federal Miguel Ángel Contreras no haber profundizado las investigaciones sobre el origen de los fondos que se depositaron en “Adhemar Capital”, ni gestionado la producción de pruebas sobre lavado.
“Si bien la instrucción hace foco en la captación y colocación del dinero, se observa que la mirada no es puesta sobre el origen de la moneda que habría sido ingresada a la empresa dirigida por Bacchiani. Es así que el origen del dinero de los inversores ‘bancarizados’ y ‘no bancarizados’ -según la denominación utilizadas por los encartados en sus indagatorias-, no fue investigado aún”, advirtió en un dictamen para la Cámara Federal de Tucumán elaborado luego de que Contreras procesara a Bacchiani y sus cómplices por intermediación financiera no autorizada y declinara en la Justicia provincial la competencia por las estafas y la asociación ilícita.
“Los imputados –señaló- obtuvieron dineros de origen dudoso para ingresarlo al mercado financiero formal o informal, lo que luego se exteriorizó a través de la adquisición de diversos bienes y la conformación o participación en distintas sociedades, otorgándole a dichas operaciones la apariencia de legales. Los que facilitaron los activos a los procesados, y que a la fecha en un porcentaje menor se presentaron en la causa y ostentan el rol de querellantes, en su gran mayoría no justificaron la licitud de los dineros aportados”.
El fiscal recordó que tanto Bacchiani como su contador, Iván Segovia, habían declarado que “la cartera de inversores ‘no bancarizados’ supera en cuatro veces la cantidad de inversores ‘bancarizados’, que rondan los 1.500, y que el pasivo de la empresa ascendería a los 50.000.000 de dólares”.
“Resulta llamativo que un porcentaje reducido de inversores se hayan apersonado y requerido participación activa en la pesquisa”, subrayó.
Quiebra exigua
La indagatoria al colombiano Nieto Guzmán cobra de este modo importancia capital en vísperas del juicio por estafas que se iniciará contra Bacchiani el 7 de febrero y las quiebras en trámite del propio Bacchiani, “Adhemar Capital” y “RT Inversiones”.
Las expectativas puestas en la declaración del colombiano vuelven a colocar la lupa sobre la hipótesis de que la tapadera del “tradeo” sirvió no sólo para despojar inversores crédulos, que fueron multitud, sino para mover fortunas provenientes de actividades ilícitas por los intrincados laberintos de la economía cripto.
En el caso Bacchiani hay fuertes indicios de operaciones de este tipo. Nieto Guzmán podría ofrecer elemento sobre el esquema Bulacio.
El dictamen del fiscal Gómez habla de un pasivo de 50 millones de dólares solo en “Adhemar Capital”.
Esta impactante cifra contrasta con las deudas homologadas en las quiebras del “Trader God” y su empresa, que en total ascienden a 12.500 millones de pesos, que a la cotización oficial son poco más de 12.500 dólares. La diferencia es demasiado sideral como para no ser considerada.
La Fiscalía Federal investiga de oficio si las quiebras del grupo Bacchiani son fraudulentas.
Fenómeno fragmentado
El testimonio de Nieto Guzmán podría también iluminar otros aspectos del proceso que encandiló a miles de catamarqueños durante dos años con el espejismo de los dividendos desbocados.
Las criptoestafas se investigan fragmentadas en varios expedientes, pero conformaron un único fenómeno.
El éxito del diseño instrumentado por Bacchiani estimuló la irrupción de otros jugadores en el mercado y desató una competencia por la captura de inversores que se tornó descarnada en la segunda mitad de 2021.
En la lógica de esa disputa, las tasas de retorno fueron incrementándose exponencialmente y las inversiones redistribuyéndose entre las distintas financieras hasta el colapso final. La multiplicación de cazadores y la intensidad de la cacería desmadraron en una suerte de remate, en el que los financistas levantaban la oferta de utilidades de sus antagonistas para retener, arrebatar y sumar clientes.
“RT Inversiones” se quedó con la crema del fraude al imponerse en esa pelea.
Bacchiani dijo en una de sus indagatorias que sus inconvenientes financieros se aceleraron cuando cientos de inversores sacaron los depósitos de su financiera para colocarlos en otras.
La contadora Carolina Bonfanti declaró en la causa que la empresa contaba cuando entró en cesación de pagos con 58,28 millones de dólares para hacer frente a sus compromisos.