Si se considera que el año pasado el Gobierno nacional redujo solo un tercio de los subsidios a la energía, la magnitud del aumento de los precios que la EC SAPEM paga a la mayorista CAMMESA por la generación y el transporte opera como una inquietante premonición.
La boleta pasó de $1.393,8 millones en febrero del año pasado, por el consumo de diciembre, a $9.196,4 millones para el mes que viene: un incremento del 560%, contra una inflación que en el año completó 117,4%.
En contraposición, la EC SAPEM aumentó la tarifa por la distribución entre un 37 y un 50% en el mismo período. Es decir: menos de la mitad de la inflación, aunque hay que tener en cuenta que el VAD tiene una incidencia de solo el 25% en la tarifa final que abona el usuario.
En promedio, el aumento total para los usuarios catamarqueños fue de 486%, 74 puntos menos que el que tuvo que solventar la distribuidora.
El incremento del precio de la energía provocó varios conflictos el año pasado en todo el país. Algunas provincias llegaron a implementar pagos en cuotas.
En Catamarca, la polémica incluyó en su pico la movilización de Concejos Deliberantes y algunos ejecutivos municipales para que el Gobierno instrumentara algún tipo de paliativo a nivel local para atenuar el impacto del mazazo.
En ese contexto cobró visibilidad el crecimiento de las conexiones clandestinas, algo que desde la EC SAPEM habían anticipado en cuanto el Gobierno nacional comenzó a implementar los tarifazos.
Estricta lógica. Sin posibilidades de afrontar el costo total de las boletas, los sectores más vulnerables comenzaron a colgarse de la red.
La práctica, además de los peligros que supone, profundiza el problema financiero de EC SAPEM, que debe pagarle a CAMMESA también por el consumo que los usuarios clandestinos, obviamente, no pagan. Además, al no pagar, los colgados no tienen ningún estímulo para restringir sus consumos.
La distribuidora hizo numerosos operativos de desconexión, pero es evidente que nadie se resigna a vivir sin luz eléctrica. El descolgado no tarda en volver a conectarse a la red, sin medidor. Es un problema imposible de resolver solamente con la represión de los infractores y que tenderá a agudizarse.
El Gobierno nacional comenzó a aplicar los aumentos con toda la furia para reducir la incidencia de los subsidios en su Presupuesto, pero se amansó al advertir los gravosos costos políticos que le acarreaba la medida.
Como éste es un año electoral, es probable que se abstenga de incrementos demasiado brutales, pero tendrá que afrontar el dilema en algún momento.
Con la reducción del 30% de los subsidios, logró mermar su gravitación de 1,5 a 1% del PBI. Medio punto, mientras sostiene el superávit fiscal con contabilidad creativa a la espera de que el FMI le libere un crédito.
Además de golpear el bolsillo de la gente, el aumento del precio de la energía tiene un fortísimo impacto en el sistema productivo, donde el costo del insumo llega a superar el de los salarios.
Las controversias por las tarifas energéticas se asordinaron después de la segunda mitad de 2024, pero el volumen del aumento anual viene a recordar no solo la persistencia de la encerrona, sino que la Argentina tiene problemas cuya solución demanda mucho más que gambetas financieras y rabietas contra las ideas progresistas.