La baja de las retenciones para el agro significó una medida de celebración entre los productores, sin embargo, no planean satisfacerse sólo con eso, van a continuar con su exigencia de eliminar por completo los derechos de exportación y esta primera reducción que ejerció el Gobierno podría ser un puntapié inicial hacia el descenso de otros impuestos. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el diputado nacional, Roberto Mirabella.
Roberto Mirabella reconoció la decisión del Gobierno de reducir retenciones, aunque enfatizó que su propuesta va más allá, buscando la eliminación total de este impuesto. «Es un avance positivo, pero seguiremos insistiendo para que las retenciones desaparezcan por completo«, afirmó. Según Mirabella, el 82% de la recaudación por derechos de exportación proviene de los complejos de soja, cereales y bovinos, y Santa Fe aporta entre el 37% y 38% de ese total.
El aporte del campo a Argentina en márgenes de los derechos de exportación
Además, destacó que el contexto actual, marcado por la sequía, la caída de precios internacionales y el atraso cambiario, agrava la presión fiscal sobre los productores. “Desde 2002 hasta hoy, el interior productivo ha transferido más de USD 170.000 millones en retenciones, mientras que muchas obras básicas, como rutas o gasoductos, siguen pendientes”, señaló.
La reducción de las retenciones podría motivar la baja de otros impuestos
Uno de los argumentos más recurrentes en contra de la eliminación de retenciones es el impacto fiscal, estimado en USD 800 millones anuales. Al respecto, el entrevistado sugirió varias formas de compensar la pérdida de ingresos: «Eliminar subsidios desproporcionados al transporte en el AMBA o reducir beneficios fiscales a sectores específicos, como Tierra del Fuego, son opciones viables». Asimismo, subrayó que la eliminación de retenciones impulsaría otros tributos, como el IVA y el impuesto a las ganancias, que además son coparticipables.
Mirabella cuestionó la temporalidad de la reciente reducción de retenciones, vigente sólo hasta junio de 2025 y esta falta de previsibilidad genera incertidumbre entre los productores. “Estas decisiones no deberían ser temporales ni depender del Poder Ejecutivo. Insistiremos en que estas facultades pasen al Congreso Nacional”, aseguró.
De cara al debate legislativo, el diputado identificó prioridades específicas para Santa Fe, como una nueva ley de biocombustibles y regulaciones para maquinaria agrícola. “Santa Fe produce el 80% del biodiésel de Argentina y, si fuera un país, sería el quinto mayor productor mundial. Necesitamos un marco regulatorio adecuado para consolidar este liderazgo”, enfatizó.
Además, subrayó que su enfoque representa los intereses del interior productivo, priorizando sectores como la carne, la leche y la biotecnología. “Los temas del interior deben tener más protagonismo en el Congreso. Las soluciones que necesita el país no están en Plaza de Mayo, sino en el interior productivo”, afirmó.