El costo del ajuste se mide en vidas

El avance de enfermedades que prácticamente estaban desterradas en la Argentina motivó que varias organizaciones vinculadas al ámbito de la salud reclamaran al Gobierno nacional que, en vez de continuar con la motosierra en el ministerio que conduce Mario Lugones, generando perjuicios en la prevención y atención de numerosas patologías, refuerce esas áreas a los fines de evitar una mayor expansión de, por ejemplo, tuberculosis, lepra, VIH o hepatitis.

Las organizaciones reclaman por el decreto 1138/34 del Ejecutivo nacional que disuelve las coordinaciones nacionales de las tres enfermedades. En una carta que hicieron pública señalan que “la disolución de estas coordinaciones afecta de manera directa la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de salud. Estas coordinaciones han sido pilares fundamentales para articular políticas públicas nacionales, asegurar estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento, y cumplir con compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

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El ajuste presupuestario en ámbito de la salud durante el año pasado generó no solo dificultades, sino también casos fatales que podrían haberse evitado. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), por ejemplo, denunció que la paralización de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) produjo al menos 60 muertes el año pasado, al interrumpirse tratamientos esenciales.

Los casos de tuberculosis, enfermedad que se previene fácilmente a través de una vacuna, crecieron de 2023 a 2024 un 12%, según un informe del Observatorio Tuberculosis Argentina. Hay provincias que, denuncian estas organizaciones, vienen registrando notificaciones de tuberculosis “a niveles de África”. Y mencionan en esa lista a tres del norte del país: Formosa, Chaco y Jujuy. Desde el observatorio indican que la pronunciada baja en el presupuesto para Salud impide garantizar la disponibilidad de la medicación para esta patología.

Respecto de las hepatitis B o C, se calcula que existen 470.000 argentinos que las padecen. Lo más grave es que solamente el 30% lo sabe.

Las organizaciones exigen al Ministerio de Salud, entre otros requerimientos, la entrega inmediata de medicación para pacientes oncológicos, el cumplimiento del fallo judicial que ordenó regularizar esta distribución a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria, la reversión del cierre de las coordinaciones de VIH, tuberculosis, lepra y hepatitis y el cese del ajuste presupuestario.

Si los recortes presupuestarios en muchas áreas del Estado son preocupantes porque afectan prestaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas, la aplicación de la motosierra en las áreas de Salud lo son mucho más aún. No solamente afectan las prestaciones sino que, como lo señalan las ONG vinculadas a la salud, cuestan vidas humanas.