«La audiencia no se llevó a cabo porque no se presentó Camilo Carrizo», señaló la titular de la regional de ANSES, Myriam Juárez en una conferencia de prensa realizada esta mañana donde se dio a conocer detalles vinculados a la pensión por invalidez que percibe Carrizo.
Para hoy estaba previsto que Carrizo asista al control médico para evaluar su estado de salud y determinar si aún continúa presente la patología por la cual le fue otorgada la pensión por discapacidad.
El jefe de red interior de ANSES, Miguel Digilio, explicó que ahora, Carrizo tendrá 15 días para justificar su ausencia.
«La normativa de la ley le da un plazo de 15 días hábiles para que pueda presentar una justificación de la incomparecencia o no. Si presenta una justificación lo citarán nuevamente para que sea reevaluado. Si directamente no justifica, vencido el plazo de los 15 días, todo vuelve a foja cero y el beneficio se da de baja», expresó Diglio.
«Lo que estamos haciendo acá es determinar si la patología aún está presente en el titular del beneficio y si resulta eso de carácter de invalidad. Después, todo lo demás corre por otra instancia. En este momento lo que está haciendo ANSES es pedir que se lo cite, se lo revise nuevamente, se determine si esa patología, que fue la primaria, todavía le sigue dando el porcentaje de invalidez que corresponde y desde ahí tomar la decisión administrativa que debemos abordar», indicó.
Embed – ANSES. Auditoría sobre la pensión de Camilo Carrizo. | By El Ancasti
Carrizo, hermano del Intendente de Saujil Enzo Carrizo, se hizo conocido por el violento asalto a la familia Rolón Reynoso el 4 de septiembre pasado en su casa de Parque América. Ese día, junto a Diego Arroyo, Fernando Pachero y Guillermo Nieva, ingresaron al domicilio de uno de los implicados en la causa de RT Inversiones con la intención de «cobrar» parte de su deuda.
Fueron detenidos ese día y Carrizo recuperaría la libertad bajo caución tiempo después. Sin embargo, los cuatro integrantes de la banda fueron absueltos por un acuerdo de partes. De esta manera, los imputados pagaron $8 millones a las víctimas y lograron evitar un proceso judicial en el que podrían haber conseguido penas de entre seis y 15 años de prisión.