El aumento de los aranceles mínimos éticos para la consulta que el Colegio Médico anunció esta semana anticipa la pulseada entre la corporación de la salud y la OSEP por la actualización del precio de las prestaciones, que se abriría en marzo.
El Gobierno congeló el costo de los coseguros en noviembre, cerrando un año de tratativas permanentes y mes a mes, a lo largo del cual los incrementos escalaron más de 2.000%. Tan significativas subas provocaron una caída en las compras de órdenes del 40%.
El fenómeno se explica por la inflación, que recién perforó el 4% mensual en octubre, y el aumento desmesurado que tuvo el precio de los medicamentos, cuyo impacto en la estructura de costos de las obras sociales es cada vez mayor.
La escena para 2025 se proyecta distinta y ofrece a la OSEP y el Ministerio de Salud una oportunidad para cambiar una inercia de la relación con sus prestadores que se arrastra desde hace lustros, signada precisamente por el flagelo inflacionario, que licuaba el poder adquisitivo de remuneraciones que se abonaban con tres meses de demora.
En la incertidumbre económica fueron naturalizándose prácticas irregulares como el “plus” que los profesionales cobran aparte del coseguro, en negro, y también se flexibilizaron los márgenes de tolerancia para fraudes como el de la falsificación de órdenes con las que se le facturan a OSEP servicios no prestados.
En términos generales, la inflación funcionó como un inmenso paraguas bajo el cual los prestadores de OSEP desplegaban tanto argumentos que podrían considerarse razonables para justificar el cobro de adicionales y subas en el precio de las prestaciones tendientes a compensar sus costos financieros, como pretextos para lo que no eran más que estafas.
La remisión del factor inflacionario abre de tal modo una ventana para avanzar en el saneamiento económico y financiero de una institución anclada en el déficit, que demanda millonadas del Tesoro provincial al margen de los aportes de sus afiliados para financiarse.
Costos extra
El problema podría dividirse en dos grandes categorías.
Una agrupa el porcentaje de los servicios que los miembros de la corporación cobran informalmente a los afiliados, con los “plus”, y el del costo de los medicamentos, que hacen a la estructura de gastos del organismo.
La previsibilidad que deviene del control de la inflación, que aún subsiste pero parece estabilizada y con tendencia a bajar, allana el campo para acordar entre todos los actores del sistema esquemas de contraprestación que eliminen sobrecostos para los afiliados.
Respecto del costo de los medicamentos, que suben desmesuradamente a raíz de un gerenciamiento oligopólico de las compañías farmacéuticas que operan en la Argentina, y que el Gobierno nacional no ataca, podrían explorarse salidas como la que aplica el gobierno de Mendoza.
Aprovechando que el Gobierno nacional habilitó a las provincias para la importación de fármacos, el gobernador Alfredo Cornejo concretó en diciembre la primera compra a la India de un medicamento empleado para tratar la diabetes, por un total de 150 mil dólares. Según el Ministerio de Salud mendocino, la transacción representó un ahorro de entre el 40 y el 50%.
La importación de fármacos tendría un impacto enorme. La participación del costo de este insumo en la estructura general de gastos de las obras sociales saltó del 20 al 40% en una década.
Depredación
El otro flanco que requiere un abordaje profundo y definitivo es el de la depredación del presupuesto de OSEP a través de sobrefacturaciones y certificaciones de servicios truchas, que involucran tanto a profesionales de la salud como a sanatorios y clínicas.
El volumen del desfinanciamiento de la obra social provocado por estas prácticas venales es imposible de mensurar con los datos disponibles, pero es inverosímil que hayan podido perpetrarse sin complicidades dentro del organismo.
La aplicación digital implementada para facilitar los trámites de los usuarios puso al descubierto una estructura de saqueo, dentro de la cual la OSEP identificó 21 médicos y nosocomios que son objeto de investigación penal.
Las indagaciones se dispararon por denuncias de afiliados.
Una mujer, por ejemplo, se presentó en una farmacia para comprar una orden de consulta y no se la vendieron porque en el sistema figuraba como internada. En la delegación de OSEP le informaron que llevaba tres días internada en un sanatorio.
Otra no pudo adquirir la orden porque figuraba internada y además registraba dos pedidos de análisis clínicos autorizados que se habían practicado durante el primer semestre de 2023. Cuando se quejó, en el sanatorio le explicaron que habían decidido registrarla como internada para poder cobrar una internación que había tenido cuatro años antes, en 2019, cuando efectivamente se había sometido a una cirugía.
Otra mujer se internó un domingo, recibió el alta el lunes por la mañana y le encargaron estudios médicos para que se practicara el martes. Cuando fue el martes, le sugirieron que lo hiciera el jueves. Ese día finalmente se realizó los estudio, pero luego detectó que el alta en la obra social se había registrado no el lunes, como le habían dicho, sino el jueves, con lo que para la OSEP su internación no fue de una noche sino de tres.
Las instituciones y profesionales fueron denunciados por las autoridades de la obra social. La causa está en marcha, pero no trascendió que se hayan iniciado siquiera procesos administrativos para determinar si en los ilícitos detectados participaron los auditores encargados de fiscalizar si los servicios facturados son efectivamente prestados.
Los casos se descubrieron porque los afiliados afectados advirtieron las irregularidades. Es lo que pasó con el intendente de la Puerta, Osvaldo Gómez, uno de los denunciados. Una afiliada se dio cuenta con la aplicación de que había órdenes de consulta a su nombre emitidas por el lord mayor.
“Anterior a este nuevo sistema de OSEP para convalidar las órdenes existía y sigue existiendo mucho préstamo de órdenes. ¿Quién alguna vez no ha prestado un carnet para un pariente, un amigo o alguien cercano que lo necesitara?”, se justificó Gómez.
Que razone que esta explicación puede servirle de coartada indica lo arraigada que está una práctica con la cual, bajo pretexto solidario, se pueden cometer todo tipo de tropelías. La acumulación puede llegar a representar millones en prestaciones a gente que no está afiliada y por lo tanto no aporta.