La inversión del Gobierno nacional en obra pública cayó un 83% en términos reales durante 2024 como consecuencia del ajuste que aplicó el presidente Javier Milei durante su primer año de gestión y, si bien afectó a todas las provincias, la distribución fue desigual.
El dato surge de un informe elaborado por la Fundación Éforo que reveló que, en los primeros 10 meses del año pasado, «la ejecución en obra pública nacional muestra una caída nominal del 24% y del 83% en valores reales» respecto al mismo período de 2023.
«La decisión del Poder Ejecutivo de prácticamente paralizar la obra pública ha tenido un impacto significativo en todas las provincias. Si bien todas las jurisdicciones provinciales recibieron menos recursos respecto al año anterior, la distribución no fue igual a lo largo del país», destacó.
En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que más recursos recibió en 2023 y 2024, pero los $149.009 millones del último año representan una caída del 82% en valores reales. La sigue la provincia de Buenos Aires, que recibió $67.507 millones en 2024, una caída real del 89% ajustada por inflación.
En el otro extremo se encuentran La Rioja y San Luis, con $1.352 millones y $996 millones, respectivamente, lo que las convierte en las provincias que recibieron menor inversión nacional en 2024. «Mientras que La Rioja sufrió una contracción del 97%, en San Luis fue 94%», señaló Éforo.
También remarcó que «Jujuy y Tierra del Fuego presentan caídas reales menores al promedio nacional (-29% y -48%, respectivamente), y que contrastan con los retrocesos superiores al 80% observados en provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires».
El informe detalló que «más del 70% de lo ejecutado» bajo el concepto «Nacional», «que asciende a un monto de $63.816 millones, corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad, abarcando dos áreas principales: mantenimiento de red por administración y obras en corredores viales».
En cambio, los gastos que más se recortaron son los que corresponden a los «Servicios Económicos» y comprenden, entre otros, los subsidios a la energía y el transporte. En conjunto, estos sectores experimentaron una caída del 97% en términos reales.