El caso del juez Fabricio Gershani Quesada, que cruzó un puesto caminero con su hija menor en el baúl del auto junto a materiales de construcción, puso nuevamente de relieve la vigencia de un sistema institucional que asegura privilegios e impunidad para quienes tienen poder y mayor responsabilidad. No en vano la indignación expresada por quienes solo les queda obedecer o ser sancionados.
Gershani lleva más de una década como juez en Catamarca. Estuvo al frente de un Juzgado de Menores como tal hasta 2018. A partir de 2019, cuando entró en vigor el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil creado por la ley provincial 5544, la nueva denominación del cargo es juez Penal Juvenil.
El pasado lunes 6 de enero, Gershani pasó en su vehículo por el puesto policial ubicado en Las Rejas, que es el primer punto de control para quienes se dirigen a las villas veraniegas de El Rodeo y Las Juntas. Iba con otras personas en el interior y llevaba a su hija menor en el baúl, con la tapa semiabierta, porque además transportaba materiales hacia su domicilio, ubicado más arriba sobre la ruta provincial 4. Pero hasta allí no se sabía que él era el conductor.
Entre martes y miércoles se viralizó en TikTok un video realizado por una usuaria que iba detrás del auto y mostraba cómo la nena saludaba recostada boca abajo en el baúl. El video solo tenía un subtítulo que decía “Puesto policial de Catamarca”. Las imágenes causaron asombro y reproches a la Policía por permitir esa situación. Pero hasta ahí todo estaba en el anonimato.
Recién el jueves 8, INFORAMA precisó que el vehículo en cuestión, un Peugeot 408 modelo 2018, figuraba en ARCAT a nombre de “Gershani Quesada Fabricio Iván”. Poco después, una persona allegada al magistrado se comunicó con este medio para que el “conductor” diera “su versión en la radio” y no en el diario, pese a que la noticia había sido publicada en la web y en las redes de este medio. Finalmente, Gershani dio la cara en otros medios y estuvo dos días consecutivos explicando por qué hizo lo que hizo.
«Cometí un error. Mi auto estaba cargado con materiales y tuve que rebatir los asientos traseros, lo que dejó a mi hija sin un lugar adecuado para sentarse. Decidí permitirle viajar en el espacio del baúl, algo que estuvo mal desde todo punto de vista”, afirmó.
Respecto al trabajo de los uniformados en el control caminero, el juez consideró que los policías actuaron “con humanidad y comprensión en una situación particular, no fue un acto de desaprensión”. “Son chicos y chicas que enfrentan condiciones muy exigentes, como crecientes y accidentes de tránsito, y su labor excede mucho lo estrictamente policial. Actuaron con empatía y eso debe reconocerse”, agregó.
En realidad, más que con empatía, los policías actuaron con clara irresponsabilidad. Porque deberían haber exigido al conductor, no al juez, no a la persona con problemas “de índole privada”, que ubique a la menor en un asiento y le coloque cinturón de seguridad, tal como indica la Ley Nacional de Tránsito. Por seguridad del pasajero más que del conductor.
La Policía no solo debería haber retenido el vehículo, sino que además tendría que haber labrado un acta de infracción a Gershani. Es decir, lo mismo que hace con el resto de los conductores, más todavía en pleno operativo Sol y Montañas y en la ruta tal vez más transitada de la temporada en Catamarca.
¿Cuál es la razón de fuerza mayor que permite a la Policía hacer la “vista gorda” con una norma de seguridad? ¿Por qué Gershani no contrató un flete para trasladar el material de construcción para su “obrita”, según describió? ¿No podía hacer dos viajes, uno con los pasajeros y otro con los materiales? ¿No se le ocurrió pedir a los policías que cuiden sus materiales hasta que pueda retirarlos? ¿Tampoco se les ocurrió tal cosa a los uniformados, si es que tanto favor querían hacerle? ¿De quién habría sido la responsabilidad si se producía un accidente?
Ningún conductor con licencia para manejar, menos todavía un juez que sabe de leyes, puede desconocer que uno de los requisitos para circular con pasajeros es que todos se encuentren perfectamente sentados y asegurados con cinturón como corresponde.
Así lo indica el artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito, inciso “g”: “Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que (el vehículo) fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero”. El inciso “k” agrega: “Que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos”.
Gershani padre no podía desconocer que al llevar a su hija en el baúl la ponía en riesgo. Gershani juez no podía desconocer que al pedir a la Policía que le permita circular en esas condiciones comprometía severamente a los efectivos de turno.
Repercusión y reacciones
Si bien era de prever que el hecho podía tener repercusiones mediáticas más allá de estas fronteras, resultó realmente sorpresivo que estuviera el viernes en las portadas de los principales medios nacionales, e incluso en Uruguay. Y no fue, en rigor, un día con pocas noticias de relevancia.
Unas horas después se conoció la decisión de la Corte de Justicia de la Provincia de abrir un sumario para investigar la conducta del juez. A su vez, el Ministerio de Seguridad hizo lo propio con los policías que autorizaron el paso de Gershani por el puesto caminero de Las Rejas.
Aparte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó al municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, donde tiene domicilio el juez, que retire temporariamente a Gershani la licencia de conducir hasta tanto se realice un examen psicofísico para evaluar su aptitud para conducir.
«Este pedido subraya la importancia de sancionar a quienes, con actitudes irresponsables, ponen en peligro la seguridad vial», expresó en organismo nacional a través de un comunicado de prensa.
Como sucede en estos casos, restará seguir de cerca el desarrollo y el desenlace de los sumarios institucionales, como también si el municipio capitalino accede a retirar el carné de conducir a Gershani.
Mal final, mal comienzo
El Poder Judicial de Catamarca cerró 2024 con una secuencia de polémicas de distinta naturaleza.
Por un lado, el 9 de diciembre se conoció que el juez de Control de Garantías 1, Rodolfo Maidana, homologó un acuerdo económico entre cuatro asaltantes violentos y sus víctimas, Matías y Gustavo Rolón Reynoso, en el barrio Parque América y dio por extinguida la acción penal.
El primero en recibir la propuesta de conciliación fue el fiscal Hugo Costilla, quien había imputado a Camilo Carrizo -hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo, y primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura-, Guillermo Nieva, Diego Arroyo -con antecedentes de robo con prisión efectiva- y Fernando Pacheco, por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”. El delito se castiga con 5 años de prisión efectiva.
Para Maidana, no existen impedimentos concretos en la legislación provincial para negar tal conciliación. De manera que actuó en función de lo establecido en el Código Penal argentino, que prevé el fin de la acción penal si existe entre las partes un “acuerdo de reparación integral del perjuicio”. En este caso, los Rolón Reynoso, que fueron atacados a golpes de puño y patadas en su casa, y amenazados con armas, dieron todo por olvidado a cambio de 8 millones de pesos.
Fue tanta la indignación que provocó este sobreseimiento que el diputado opositor Hugo Ávila presentó un pedido de juicio político contra Costilla y Maidana. Y el Poder Ejecutivo le propuso a la Justicia trabajar en un marco legal más estricto para evitar estos acuerdos en casos donde hay violencia y antecedentes de condena efectiva.
Por otro lado, el remate del mes fue el fuerte aumento salarial que se dio la Justicia, del orden del 14% solo en diciembre, muy lejos del 2,4% que acordó el Ejecutivo con los empleados de la Administración, de acuerdo con la pauta inflacionaria. También sobre este tema habría una cumbre urgente entre el Ejecutivo, con el gobernador Raúl Jalil a la cabeza, y la Corte de Justicia.
Y este 2025 arrancó con el escándalo del juez penal juvenil que llevó a su hija menor en el baúl semiabierto de su auto, lo que causó lógica bronca y repudio en las redes sociales. Sencillamente porque un juez no puede desobedecer la ley, porque su tarea es hacerla cumplir. De otro modo, ¿con qué autoridad puede juzgar a otros?
¿Tenía Gershani la certeza de que la Policía sería “empática” con él y lo dejaría pasar pese a todo? Todo indica que sí, porque de lo contrario hubiera buscado otra forma de transportar a su hija y a los materiales.
En consecuencia, el caso revela, lamentablemente, que el sistema institucional está corrupto. Si no hubiera sido por la persona que grabó el video y lo subió a internet, esto no habría trascendido. Es decir, habría sido una más de tantas inconductas que pasan desapercibidas -o permanecen ocultas- por parte de quienes gobiernan, aleccionan y castigan a los demás por no cumplir las normas de convivencia social.