La Ley Micaela, de la que ayer se cumplieron seis años desde su promulgación, contó al momento de su aprobación con un consenso casi unánime. En la Cámara de Diputados recibió el voto de 171 legisladores y solo uno en contra. La mencionada norma lleva el nombre de Micaela García, una joven militante del Movimiento Ni Una Menos, surgido dos años antes, que fue víctima de femicidio en 2017 en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos. Este femicidio dejó en evidencia la necesidad de capacitar a las personas que trabajan en el ámbito de la administración pública para poder abordar el tema de la violencia machista, uno de los grandes flagelos sociales, desde una perspectiva de género.
La Ley establece precisamente la capacitación obligatoria en género y violencia de género para las personas que trabajan en el Estado. Se aplica en todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y aplica a todas los niveles y jerarquías, es decir, tanto a empleados como a funcionarios de todas las categorías.
La capacitación es obligatoria y continua, y su contenido se actualiza para adaptarse a los nuevos estándares y principios. En los primeros cinco años de implementación, casi 300.000 personas recibieron esa capacitación en el ámbito del Estado, pero también en otros, como clubes deportivos, organizaciones comunitarias, medios de comunicación, sindicatos y partidos políticos.
Personas retrógradas se empeñan en dar una “batalla cultural” que ya fue dirimida por la sociedad hace años a favor de la justicia, la igualdad y la equidad de género
Pese al evidente consenso que tuvo la Ley Micaela al momento de su sanción, algunos referentes del oficialismo nacional se vienen manifestando a favor de derogarla o de modificarla, limitando severamente su alcance. El primer proyecto de Ley Ómnibus presentado en diciembre de 2023 por el Ejecutivo nacional que encabeza Javier Milei proponía la modificación de seis artículos de la norma. El propósito era reducir drásticamente la cantidad de funcionarios que deben asistir a esas capacitaciones obligatorias.
Aquella propuesta de modificación recibió fuertes cuestionamientos de distintas organizaciones de la sociedad civil y también de una mayoría de legisladores. El mencionado proyecto de Ley Ómnibus finalmente fue retirado del Congreso y en su lugar el Ejecutivo nacional presentó el proyecto de Ley Bases, finalmente aprobado con modificaciones, pero ya no contenía la intención de intervenir sobre el instrumento legal promulgado hace seis años.
La Ley Micaela se aplica también en los estados subnacionales –provincias y muchos municipios- porque recibieron adhesiones. En el caso de Catamarca, la iniciativa de adhesión fue presentada por la diputada Adriana Díaz y el diputado Juan Denett.
Los intentos de modificarla para restringirla, o de directamente derogarla, es impulsada por personas retrógradas que niegan, pese a todas las evidencias, la existencia de la violencia de género. Empeñadas en dar una batalla cultural (expresión que suelen usar en previsible tono beligerante) que ya fue dirimida por la sociedad hace años a favor de la justicia, la igualdad y la equidad de género, insisten en la imposición de pautas culturales que, además de atrasar décadas, ignoran lo que sucede a diario en la realidad.