El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió formalmente suspender el acceso a los contenidos públicos relacionados con la Educación Sexual Integral. El argumento es que llevará a cabo una revisión exhaustiva del material a través de un estudio “neutral”. Se supone que la revisión finalizará antes del comienzo del ciclo lectivo, de modo que cuando las clases comiencen se vuelvan a dictar esos contenidos, con los mismos materiales u otros.
En el gobierno nacional pretenden directamente dejar de lado la Educación Sexual Integral (ESI) a partir de análisis retrógrados y basados en concepciones ya superadas.
El dictado de la Educación Sexual Integral en las escuelas en los niveles primario y secundario fue instituido por ley del año 2006 luego de un enriquecedor debate. Desde entonces se ha cumplido a medias por las presiones de los sectores conservadores, que prefieren evitar esos tipos de contenidos o que sean las familias las que se encarguen de la tarea, ocultando que una proporción importante de los abusos sexuales ocurren en ese ámbito, y obviando además que ese debate se saldó hace… ¡131 años!, cuando la primera Ley de Educación de la Argentina estableció que es el Estado quien debe hacerse cargo de la educación de los ciudadanos.
La ESI establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una educación sexual integral tanto en los establecimientos de gestión estatal como en los de administración privada sin importar la orientación religiosa. Es decir, en todos los jardines de infantes, colegios primarios y secundarios del país.
El Programa tiene en cuenta un concepto amplio de sexualidad que considera “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Entre sus objetivos, la ley aspira a “promover actitudes responsables ante la sexualidad”, “prevenir los problemas relacionados con la salud” y “procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”. E incorpora cinco ejes de enseñanza: cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad, respetar la diversidad y reconocer e incorporar la perspectiva de género.
Un estudio publicado por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pudieron comprender que fueron abusados lo hicieron después de recibir clases de ESI.
La Ley de ESI debe analizarse en conjunto con otras normas, también debatidas en profundidad en el Congreso de la Nación al momento de su sanción, con el aporte del punto de vista de expertos de distintas orientaciones, como por ejemplo la ley de identidad sexual, la ley de matrimonio igualitario, la ley de IVE – ILE.
Los aportes de la ESI, defendidos por organizaciones de gran prestigio como UNICEF o la Fundación Huésped, por ejemplo, han sido en estos años muy importantes en la formación de niños y adolescentes.
El proceso puede mejorarse, del mismo modo que los materiales que se utilicen para su dictado, pero siempre y cuando sigan cumpliendo esa función enriquecedora.