jueves, 9 enero, 2025

La oposición criticó la prórroga de la emergencia económica

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La presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, cuestionó la prórroga de la emergencia económica en Catamarca por cinco meses más, al calificarla como “una estrategia del Gobierno para manipular los recursos y someter a los otros poderes del Estado”.

Según la legisladora opositora, los números oficiales demuestran que no existe una crisis que justifique la medida. “En diciembre de 2024, la provincia contaba con $431 mil millones extras de ingresos adicionales a lo presupuestado, un 65,86% más. Esto no hace más que confirmar nuestras proyecciones y desmentir la supuesta emergencia”, afirmó Carrizo.

Para la UCR, la prórroga de esta declaración de emergencia «es un instrumento político para garantizar un manejo discrecional del presupuesto». En este sentido, la diputada consideró que “el Gobierno de Raúl Jalil le mintió a los catamarqueños en la cara».

«Hablaron de austeridad, pero siguen usando los bienes del Estado como propios, incrementando viáticos, comprando vehículos de alta gama y nombrando amigos y familiares. Es una burla a la ciudadanía”, enfatizó.

Carrizo también cuestionó «la falta de medidas para racionalizar los gastos y dar señales de verdadera contención económica». Según indicó “el esfuerzo debía ser de todos, pero en vez de eso, el Gobernador y sus funcionarios no paran de viajar, gastan sin control y aumentan los aportes de OSEP, AGAP, cuotas de viviendas y servicios públicos, aumentan los impuestos, mientras los salarios de los empleados públicos provinciales y municipales no acompañan. Nadie cree en sus anuncios de austeridad”, consideró.

Finalmente, la presidenta del bloque radical recordó que su espacio fue el único en proponer una alternativa real a la emergencia, enfocada en la optimización y priorización de los recursos públicos. “Nuestra propuesta apuntaba a un reordenamiento responsable y eficiente, pero prefirieron mantener este estado ficticio que solo busca controlar y debilitar a los municipios y a los otros poderes”, concluyó.

Como se informó ayer, el Gobierno de la Provincia publicó el decreto acuerdo nº 1253 de 2024, con el cual decidió «prorrogar en todo su alcance por única vez y por el término de cinco meses» la vigencia de la Ley que declaró la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa del Estado Provincial. La novedad se conoció ayer, pero rige desde el 1 de enero.

En paralelo, también prorrogó el decreto acuerdo nº 153/24, con el que se declaró el estado de emergencia en el servicio de energía, decreto que había sido motivo de serias disputas en la Legislatura. Con esto, la EC SAPEM está habilitada a pedir una revisión del VAD.

La ley prorrogada es la que impulsó los retiros voluntarios, dispuso que “no se podrán efectuar contrataciones o designaciones de personal”, exceptuando las áreas de salud, educación y seguridad; y propuso un programa que contemple el teletrabajo y el expediente electrónico. También fijó restricciones en materia de obra pública, señalando que el Ejecutivo podrá afectar recursos para la ejecución de obras nacionales ya iniciadas, priorizando viviendas, escuelas, hospitales, caminos provinciales y obras complementarias que se encuentren en ejecución.

Con el decreto acuerdo nº 1251/24, el estado de emergencia en materia del servicio público de energía se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año y se determinó que podrá volver a prorrogarse en caso de que el Decreto de Necesidad y Urgencia nº 55/23 del Poder Ejecutivo Nacional extienda el plazo. Con esto, la EC SAPEM quedó habilitada a solicitar la revisión tarifaria correspondiente al Valor Agregado de Distribución.

Para ello, el ENRE tendrá 10 días hábiles desde que EC SAPEM comunique su pedido para convocar a audiencia pública, debiendo resolver la autorización en un plazo no mayor a 5 días hábiles realizada la audiencia. Vencido el plazo fijado, si el ENRE no dicta la respectiva resolución, se considera aprobada en su totalidad la propuesta de la empresa. El decreto acuerdo original es de febrero de 2024 y el oficialismo logró ratificarlo en septiembre, a pesar de que la UCR intentó rechazarlo en varias oportunidades.

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