El fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, solicitó audiencia de control de detención para el abogado Augusto Filippín, imputado por “hurto” en el marco de la causa que lo investiga por la sustracción de sofisticada aparatología del Sanatorio Junín.
El hombre está privado de la libertad. El lunes fue indagado y haciendo uso de sus derechos, con el asesoramiento de un defensor público, se abstuvo de declarar. De acuerdo con una serie de testimonios y las pericias realizadas a las imágenes registradas por cámaras de seguridad del nosocomio -ubicado por calle Junín-, Filippín sustrajo elementos cuya reposición costaría entre 200 y 300 mil dólares según directivos del sanatorio.
A partir de la imputación y en base a los tiempos procesales, el fiscal pidió audiencia de control de detención, que se realizará hoy. El Juzgado de Control de Garantías en feria decidirá si queda en libertad o si continúa arrestado por existencia de riesgo procesal.
¿Y el Colegio de Abogados?
El nuevo caso contra otro abogado de Catamarca puso de relieve la pasiva postura del Colegio de Abogados de la provincia.
En este contexto, el abogado del foro local Carlos Uslenghi cuestionó duramente al Colegio, advirtiendo que si bien formalmente no es un club y funciona como un gremio que debe defender los intereses de la matrícula y ser coadyuvante del sistema judicial, «con lo que viene aconteciendo en los últimos 12 años el Colegio sí se transformó en un club para eventos sociales porque no representa los intereses de los profesionales y no protege el sistema judicial».
«La Corte de Justicia debe exigirle al Colegio una intervención. Somos una provincia arcaica y me da vergüenza cuando cuento cómo litigamos en Catamarca, porque hay colegas que han renunciado a principios básicos de ética, moral, apego al derecho y la dignidad», agregó.
Remarcó que «ni administrativa ni jurídicamente el Colegio toma medidas contra los abogados denunciados» y que la propia Corte «debería ordenar que las causas donde estén involucrados y en las que sean investigados profesionales del derecho, los antecedentes sean remitidos inmediatamente al Colegio para que cumpla con su rol de contralor».
Efectivamente, hay abogados denunciados e imputados por hechos de robo, hurto, violencia de género, narcotráfico y abuso sexual.
«El Tribunal de Ética del Colegio mínimamente debería suspender la matrícula a aquellos profesionales que se ven vinculados a hechos ilícitos. Y esto no es la primera vez que sucede», finalizó.