Un análisis del Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que se conoció el domingo 5 de enero, reveló lo que serían las graves irregularidades en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que causó polémica en torno al aumento del 5,3% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
Este ajuste, que determina el monto anual asignado por el Estado a las EPS para cubrir los servicios de salud de los afiliados, ha sido criticado por diversos sectores del sistema de salud en Colombia.
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Según la dependencia, el incremento de la UPC se basó en la inflación y en inconsistencias detectadas en los datos proporcionados por las EPS. Entre las irregularidades, se destacó un aumento desproporcionado en la frecuencia de ciertos servicios médicos.
Por ejemplo, la atención domiciliaria registró un incremento del 97% entre 2022 y 2023. Otros servicios como radiología y laboratorio clínico crecieron un 79,7 % y 77,9 %, respectivamente. También se evidenciaron aumentos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%) en el mismo periodo.
El análisis resaltó que estos incrementos no coinciden con la capacidad instalada del sistema. Según datos del Registro de Talento Humano en Salud (Rethus), el número de médicos generales creció apenas un 3,1%, mientras que los consultorios de medicina general aumentaron un 3,6%. Estas diferencias han dado pie a diferentes cuestionamientos sobre la veracidad de los datos reportados por las EPS.
Además, en el citado documento, se identificaron 23.410 casos de atenciones médicas registradas a personas que, según la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), estaban fallecidas, con un costo total de 79.838 millones de pesos. También se detectó que el 3 % de los medicamentos reportados no contaban con un registro sanitario válido y que el 23 % no estaban asociados con compras documentadas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED). Estas anomalías representaron un gasto superior a los 119.000 millones de pesos.
El Ministerio de Salud también alertó sobre la falta de validación en los datos de procedimientos médicos, al evidenciar los casos en los que los precios superaron hasta en un 1.200% los valores de referencia establecidos. Esta variabilidad en los costos generó preocupaciones sobre la transparencia y eficiencia del sistema.
Ante estos hallazgos, de los que incluso se refirió el presidente de la República, Gustavo Petro el tanto el ministerio como la Adres propusieron implementar una metodología más rigurosa para calcular la UPC, así como revisar las prácticas de contratación y los precios de medicamentos para evitar distorsiones en los costos. Sin embargo, estas medidas no han calmado las críticas.
La Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, citada por El Espectador, cuestionó la decisión del Gobierno, al argumentar que, aunque las EPS presenten inconsistencias en sus reportes, es responsabilidad del Estado garantizar una UPC adecuada. Del mismo modo, la organización señaló que estas irregularidades eran conocidas desde 2024 y que el Gobierno no actuó oportunamente, lo que, según ellos, derivó en una decisión que pone en riesgo la vida de los colombianos.
Por su parte, la organización Pacientes Colombia, que representa a cerca de 200 asociaciones de usuarios, también expresó su descontento al considerar insuficiente el incremento del 5,3% para la vigencia del 2025. En un comunicado, indicaron que habían solicitado un aumento mínimo del 16% para cubrir las necesidades del sistema, que registra duras pérdidas.
Al respecto, la exviceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, también se pronunció en su cuenta de X e indicó que la UPC no es suficiente para cubrir las necesidades de los colombianos ni para ajustar los salarios del personal médico. Según Cárdenas, esta insuficiencia ya había sido reconocida por el Ministerio de Salud ante la Corte Constitucional, que se había pronunciado sobre este asunto.
En el mismo sentido, Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), señaló que el incremento debería haber sido equivalente al ajuste del salario mínimo. y advirtió que esta brecha financiera afectará de manera grave a las instituciones públicas de salud, que ya enfrentan dificultades para pagar al personal y cubrir costos de medicamentos y procedimientos.