Por María Argerich (*)
En Catamarca, atravesamos tiempos en los que los esfuerzos colectivos son fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales que afectan a nuestra provincia. Desde el Gobierno Provincial, se han priorizado políticas responsables que buscan el equilibrio fiscal, la justicia social y un Estado que responda a las necesidades de todos los catamarqueños.
Sin embargo, mientras los Poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan con responsabilidad, nos encontramos con un Poder Judicial que parece desvinculado de esta realidad. La reciente decisión de la Corte de Justicia de otorgar aumentos salariales desproporcionados, muy por encima de los que reciben los trabajadores del Ejecutivo, Legislativo y docentes, no solo rompe la lógica de equidad entre los poderes, sino que también ignora la situación económica de Catamarca.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en septiembre de 2024, cuando se empezó a proyectar el presupuesto, la coparticipación federal cayó más del 14% en términos reales, afectando a todas las jurisdicciones del país. Catamarca, no exenta de esta realidad, cerró el año fiscal con una caída del 9% en términos reales, lo que equivale a una reducción de 1.7 masas salariales o más de 118 mil millones de pesos.
Además, conforme al artículo 37 de la Ley de Presupuesto N° 5831 del año 2024:
“El Poder Ejecutivo Provincial otorgará, de resultar necesario, el crédito presupuestario a los Poderes Legislativo, Judicial y Tribunal de Cuentas de la Provincia, para afrontar el gasto en personal, hasta cubrir la misma pauta salarial establecida por el Poder Ejecutivo para los empleados de la Administración Pública Provincial.”
Hasta diciembre de 2024, el Poder Judicial respetó la pauta salarial de la provincia, pero aparentemente, en ese mes se firmó una acordada que otorgó un incremento salarial del 12% adicional, impactando también en el aguinaldo. Esta situación complica la ejecución presupuestaria del presupuesto 2025, dado que la Ley N° 5898, en su artículo 38, repite el artículo previamente citado, y la medida tendrá un efecto incremental.
Esta falta de coordinación y empatía no solo pone en riesgo las finanzas públicas, sino que además envía un mensaje erróneo: un poder que se privilegia a sí mismo mientras muchos otros trabajadores deben ajustarse a la realidad económica.
¿Es esta la justicia que queremos? Un Poder Judicial que actúa de espaldas al pueblo, que se desconecta de las políticas de Estado, que incumple las leyes y privilegia a unos pocos en lugar de defender a todos.
Es crucial que los poderes del Estado actúen de manera coordinada y consciente de las actuales limitaciones fiscales. Las decisiones unilaterales que priorizan intereses sectoriales sobre el bienestar colectivo no solo socavan la estabilidad financiera de la provincia, sino que también debilitan la confianza pública en las instituciones.
Seguiré trabajando y luchando por una Catamarca más justa, con un Estado presente, donde los tres poderes estén alineados en el objetivo de construir una provincia más equitativa y con más oportunidades para todos. Es hora de que la justicia deje de ser un privilegio de unos pocos y vuelva a ser la garantía de derechos para todos.
(*) María de los Ángeles Argerich, diputada provincial y vicepresidenta de la cámara baja.