En el marco de la propuesta del Ministerio de Gobierno de trabajar junto a la Corte en un “anteproyecto” de reglamentación del artículo 59, inciso 6, del Código Penal sobre reparación del daño en el ámbito penal, la diputada provincial y presidenta del bloque UCR, Silvana Carrizo, volvió a cuestionar al Gobierno por “dejar a la provincia hundida en la percepción de impunidad” y también apuntó al Ministerio Público, al señalar que el debate sobre la aplicabilidad de este artículo se podría haber resuelto con un instructivo de Fiscalía General. “En Catamarca siempre vamos sobre el hecho consumado”, lamentó.
Carrizo enfatizó en que la relevancia del asalto en Parque América y la posterior absolución de los involucrados radican “no solo por la gravedad del asalto, sino también por la identidad de los que fueron imputados”.
“Uno de los sospechosos resultó ser familiar directo de un intendente y de la actual ministra de Seguridad”, dijo en alusión a Camilo Carrizo, quien actuó en compañía de Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva.
“La decisión de absolver a los implicados en este violento episodio, bajo el pretexto de una conciliación o reparación integral, nos causa interrogantes. Estos delincuentes fueron beneficiarios de la aplicación más eficiente y rápida del principio de legalidad”, ironizó la diputada.
En ese sentido, asumió la responsabilidad respecto de la modificación del Código Procesal Penal y aseguró que la oposición está avanzando en una propuesta que “consagre las reglas de disponibilidad de la acción penal, criterios de oportunidad y los casos excluidos”. Sin embargo, apuntó contra el Ministerio Público al señalar que “más allá de la necesidad de que la Legislatura dicte la ley procesal correspondiente, esto debería haber sido zanjado oportunamente con instrucciones generales del Fiscal General de la Provincia, por tratarse de política criminal, de modo tal que se adopten criterios uniformes a la hora de expedirse sobre la viabilidad o no de su aplicación en el caso concreto”.
“En Catamarca siempre vamos sobre el hecho consumado, con la gravedad de que en este caso existen vinculaciones con el poder político de los involucrados”, reclamó.
“El Ministerio Público debería rendir cuentas a la sociedad de su desempeño y de los resultados obtenidos en cuanto a la eficacia de la política criminal de la provincia. Sería bueno identificar cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías penales reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad”, cuestionó.
Carrizo expresó su preocupación y aseguró que en la Provincia “las instituciones están atravesadas por la agenda de demolición institucional impuesta por el kirchnerismo catamarqueño”.
“Primero fue la ampliación de la Corte de Justicia de Catamarca, luego la eliminación del Consejo de la Magistratura. Estas maniobras no fueron casuales; buscaban imponer discrecionalidad en la designación de jueces y fiscales. En nuestra provincia, hubo escándalos judiciales a partir casos de coimas que comprometían a miembros de los poderes ejecutivo y judicial de la provincia. El crimen de un ministro que dejó al descubierto las fallas institucionales: un Ministerio Público que no da cuentas de lo que está haciendo para proteger los intereses generales de la sociedad y un Ministerio de Seguridad que no protege. Hoy los resultados son claros. Tenemos una provincia hundida en la percepción de impunidad”, remarcó.
Para la diputada, “es tiempo de que la sociedad catamarqueña le ponga freno a los abusos del poder, a la impunidad y la corrupción”. “El sistema institucional está debilitado y el panorama es incierto y de desprotección para los catamarqueños”, sentenció.
Propuesta del Ejecutivo
El jueves, el ministro de Gobierno, Nicolás Rosales Matienzo, le envió una nota al procurador de la Corte, Tristán Lobo, proponiendo el trabajo conjunto en un “anteproyecto legislativo que regule con precisión los delitos alcanzados y los requisitos necesarios para aplicar esta causal de extinción de acción penal basada en la conciliación o reparación integral del perjuicio”. La intención, señalaron, es “evitar interpretaciones diversas por parte de los actores del Poder Judicial mediante una reforma legislativa que establezca criterios claros en la normativa procesal local”.
“Una regulación local específica proporcionará mayor claridad y previsibilidad. Nuestro Código Procesal Penal actual no recepta expresamente la reforma de ese artículo del Código Penal Argentino a la cual remite, ya que no consagra las reglas de disponibilidad de la acción penal, ni criterios de oportunidad, ni la forma en cómo se instrumentará la causal de extinción de acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio”, apuntó el ministro.
Al momento de homologar el acuerdo entre los asaltantes y las víctimas del caso en Parque América, el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, se justificó en la inexistencia de esta reglamentación. «La Legislatura podría proponer que la causal no podrá proceder en el caso en que se hayan usado armas, en que haya habido violencia contra las personas, abuso sexual contra menores de edad o que el acuerdo no procederá en los casos de personas que tengan antecedentes”, sugirió después de convalidar el acuerdo, que había sido aprobado antes por el fiscal Hugo Costilla.