Se trata de una causa que se presumía cerrada luego del final del Juicio del Siglo entre Argentina y los fondos buitre que litigaron por la caída de los bonos argentinos luego de la crisis del 2001.
En el 2025, Argentina volverá a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y de la mano de un azote que siempre está dispuesto a contrariar al país. Y aún no por la megacausa por la manera en que se reestatizó YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este año, los abogados que defienden al Estado argentino tendrán que litigar en el máximo tribunal norteamericano por el juicio que un puñado de fondos buitre le hacen al país, el Attestor Master Value y Trinity Investments.
La causa es consecuencia de una demanda que unos 12 fondos buitre y de inversión mantienen contra el país por haber rechazado el canje de deuda lanzado en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de una causa que se presumía cerrada luego del final del Juicio del Siglo entre Argentina y los fondos buitre que litigaron por la caída de los bonos argentinos luego de la crisis del 2001. Sin embargo, un puñado de tenedores de fondos rechazaron aquella oferta aceptada por casi el 98% de los acreedores, siguieron litigando y consiguieron un fallo favorable en primera y segunda instancia. Ahora el caso llegó a la Corte, que debe resolver este año si acepta o no la demanda.
Lo notable es que el impulsor del juicio es un viejo conocido del país y de este tipo de cuestiones judiciales. Se trata de Deniis Hranitzky, el principal abogado que litigó a favor de los tenedores de deuda emitida bajo legislación externa en el último acuerdo de agosto de 2020 y que hasta el año pasado se presentó como representante de los fondos de inversión, en el momento de escuchar las explicaciones de los funcionarios locales sobre por qué esos títulos públicos cotizan a precios de default; volvió ahora a enfrentar al país. Y a ganar un nuevo caso, que representará pérdidas millonarias contra la Argentina. Hranitzky, fue principal espada legal que tuvo el fondo buitre Elliot Management Corporation de Paul Singer en el “Juicio del Siglo”; y, en consecuencia, uno de los principales redactores de las exitosas denuncias contra el país en aquel juicio que la Argentina perdió en los tribunales de Nueva York y que se cerró en abril del 2016 a un costo de casi u$s9.000 millones. Y donde Hranistky fue uno de los que firmaron las condiciones de pago, en el despacho del special master Daniel Pollack.
Unos 12 fondos rechazaron el convite, y tomaron la decisión de continuar con la demanda. Attestor y Trinity no ingresaron en aquel canje (junto con BainbridgeBison, Bybrook y Hawthorne, entre otros particulares, quienes, en general, son ciudadanos argentinos que continúan litigando en Nueva York. El avance legal más fuerte en esta demanda fue la potenciada por los representados de Hranistky, quién tiene la llave argumental, estratégica y profesional para saber cómo vencer a la Argentina en cualquier tribunal y mesa de negociación.
En tanto, especialista en estos terrenos, ahora trabaja como socio y megaestrella legal para otra firma, el Quinn Emanuel, donde llegó para abrir una nueva e importante unidad de negocios vinculada al expertise que desarrolló en sus días de combatiente contra la Argentina: reclamar los derechos de los bonistas ante los deudores públicos y privados que no pueden pagar sus pasivos.
Hranitzky llegó a fin del 2019 a su nuevo (e impresionante) bufete y, a pocos meses, ya comenzó a organizar un potencial meganegocio para sus nuevos socios; otra vez, sobre la base de querellar contra el país. Desde este nuevo escenario, comenzó en enero del 2020 a reclutar a tenedores de deuda argentina, sabiendo que Alberto Fernández y su entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, estaban diseñando una oferta para reestructurar la deuda.
Sin saber los pormenores que tendría la propuesta, Hranitzky apostó a un fuerte rechazo original. Lo hacía vía mail, WhatsApp o redes, con la única intención de decir que estaba disponible con su experiencia a cuesta para, eventualmente, representarlos legalmente, si lo que el país les ofreciera no fuera conveniente.
Luego de un tiempo de conseguir clientes y formar una importante masa crítica, llegó el tiempo de agruparlos y organizarlos. Si bien no logró incluir a los grandes fondos de inversión (se agruparon solos detrás de BlackRock y Fidelity), Hranitzky encontró un importante nicho donde su prédica tuvo provecho.
Reclutó a gran parte de los bonistas con tenencias de deuda de títulos públicos con jurisdicción nacional, emitidos durante el canje de deuda organizado y concretado con éxito por Néstor Kirchner en 2005, con Roberto Lavagna como ministro y responsable máximo. Este canje fue reabierto por Cristina Fernández de Kirchner en 2010 con Amado Boudou en el Palacio de Hacienda. Con esos datos, el abogado de los fondos buitre puso el ojo en que el prospecto de Guzmán los incluyó dentro de la oferta.
Es deuda ya reestructurada proveniente del default del 2001; que, otra vez, sería reestructurada. Eran, además, los mismos bonos (Par y Discount) que fueron objeto del Juicio del Siglo donde Argentina tuvo que pagar para cerrar. Y que tenían cláusulas restrictivas de pago obligatorio para el país mucho más rígidas que las emitidas luego, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Eran papeles en los que Hranitzky basaba su experiencia y conocimiento para litigar contra el país, y donde mayores resortes legales tendría para avanzar. Y en los que la cláusula de aceptación general en una reestructuración en caso de imposibilidad de pago debe superar el 88%, según el contrato de emisión de 2005. Representó en la negociación a los Exchange Bondholders Group, que mostraron una actitud dura en la negociación del 2020.
Hranitzky es egresado de Harvard, y trabajaba para el estudio Dechert LLP cuando representó a Elliot en la cruzada exitosa contra Argentina, en un juicio que, de comienzo a fin, le demandó una estrategia de 10 años hasta el cobro en 2016.
A medida que avanzaba la causa y sus embestidas judiciales iban teniendo fallos favorables en el tribunal de Griesa, otros fondos buitre y bonistas particulares iban engrosando su lista de contratados. Uno de los que se sumó durante la marcha fue el fondo de Kenneth Dart, uno de los primeros que presentó pleito contra Argentina, y, curiosamente, el primero con que negoció el país a fines de 2015 y comienzos de 2016 para cerrar el acuerdo final para terminar la causa.
En esos tiempos, Hranitzky protestó por la actuación de Dart de ser “friendly” ante la oferta que diseñó Alfonso Prat-Gay como primer ministro de Economía de Mauricio Macri. Luego, desde marzo de ese año, aceptó la propuesta y fue de los primeros en firmar en acuerdo en el despacho de Pollack, representando, se calcula, a bonistas por más de US$3.000 millones, cobrando honorarios millonarios por sus servicios. Está claro que esté hoy más que entusiasmado por volver a ejercer el rol de defensor de los bonistas descontentos.
Durante el Juicio del Siglo, Hranitzky se hizo conocido en Argentina por el hecho más importante vinculado con la demanda de los fondos buitre: el embargo de la emblemática Fragata Libertad, el 2 de octubre de 2012 en el muelle 9 del puerto de Tema, en Ghana.
Fue Hranitzky quien descubrió la posibilidad de avanzar con esta acción, convencido que llamaría la atención del mundo y pondría el conflicto por el pago de los bonos en los tribunales de Nueva York, en los diarios de todo el mundo. Su estrategia incluyó un desembarco temporario personal en Acra, capital de Ghana, con sospechosos contactos directos con el juez Richard Adjei Frimpong. Una presentación del abogado hizo que ese “Tribunal Supremo de Ghana” se “convenciera” de avanzar con el embargo.
Hranitzky fue novedad también en 2020 por otra cuestión. Como defensor de Elliot demandó al estudio panameño Mossack Fonseca, asegurando que los movimientos de lavado de dinero a favor de la política argentina, dañaban los activos de su contratado. El juicio no llegó a nada, pero hizo que el abogado pudiera circular por algunos medios de comunicaciones internacionales como defensor de la legalidad contra el principal estudio acusado de lavado de activos en la historia del siglo.
Su presencia contra Argentina continuó en julio del 2022, cuando volvió a intentar influir en la realidad económica local, ahora en su rol de principal asesor legal de un grupo de bonistas que ingresaron al canje de deuda de 2020 y que hasta hoy mantienen sus posiciones pero a precios de default.
Tomó contacto con algunos de los fondos de inversión que estuvieron presentes en la reunión de julio de 2022 en Washington entre Silvina Batakis y referentes de Wall Street; para que le expongan a la ministra argentina una posición dura y directa a favor de lo que consideran debe hacer el gobierno de Alberto Fernández.
Esto es, un fuerte ajuste fiscal, que le garantice al país un equilibrio serio de las cuentas macroeconómicas y fiscales, que derive en el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así lograr una mejora en la cotización de los bonos reestructurados, cotizantes hoy a precios de default.
En aquellos tiempos, ayudó a redactar un documento que rezaba lo siguiente: “Argentina no tiene crédito y debe cerrar su déficit presupuestario o enfrentar la hiperinflación. Los subsidios a la energía son insostenibles y han aumentado en términos reales. Debe indexar tarifas y restaurar a niveles normales. Imprimir pesos solo crea más pobreza. Es hora de dejar de negar la realidad”.