La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una resolución este viernes (la 1/2025) en la que exigió al gobierno de Nicolás Maduro que brinde información sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela acusado de espionaje y terrorismo, y que lo deje comunicarse con su familia y sus abogados, entre otras medidas.
Luego de que el gobierno de Javier Milei hiciera una presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) y de que el chavismo difundiera un video de Gallo con vida, pero sin especificar dónde está, llegó esta decisión de la CIDH. Los funcionarios de la gestión libertaria, como así también la familia del gendarme, aseguran que entró a Venezuela para visitar a su esposa y a su hijo de dos años que se encontraban allí, y además reclaman a Maduro que lo deje regresar a la Argentina o que, en todo caso, se acote al debido proceso judicial.
Por su parte, desde la CIDH dijeron que este asunto reúne “requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” y por lo tanto habilitaron medidas cautelares en favor de Gallo. Entonces, solicitaron a Venezuela:
Además, desde la CIDH le dieron un plazo de 15 días al gobierno de Maduro para responder, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución.
El pedido de medida cautelar a la CIDH fue realizado por el Instituto Casla, especializado en Derechos Humanos, a través de su directora ejecutiva. Ante esto, la comisión interamericana pidió respuestas a Venezuela el pasado 23 de diciembre pero no recibió respuesta hasta ahora y se venció el plazo para que el chavismo presente una contestación.
Según la CIDH, uno de los motivos por los que Gallo se encuentra en una situación de gravedad y urgencia es porque no se conoce su paradero y porque tampoco hay precisiones “mínimas” sobre su situación jurídica. “Aunado a ello, la Comisión observa que no existen, a nivel interno, posibilidades de pedir protección a favor de Gallo. Por ejemplo, los familiares no tienen información oficial mínima sobre su situación jurídica que les permita cuestionar las acciones adoptadas por agentes estatales ante la autoridad competente judicial. A los abogados se les habría negado la recepción de una denuncia por desaparición el 17 de diciembre de 2024. Incluso, en atención a que la institución que lo detuvo el 8 de diciembre de 2024 fue la DGCIM, la madre de la pareja del propuesto beneficiario fue a su sede a preguntar por él. Sin embargo, le negaron que se encontrara detenido ahí. Finalmente, y como lo revelan los comunicados y declaraciones de las altas autoridades de Venezuela, no se han tomado acciones para garantizar una comunicación entre el propuesto beneficiario y el país del que es nacional. En tanto el Estado no brinde respuesta precisa, la Comisión estima que el propuesto beneficiario permanece en total desprotección frente a las situaciones que podría estar enfrentando en la actualidad”, indicaron, incluso con detalles que hasta el momento no habían sido revelados ni confirmados desde el gobierno argentino.
Además, en el análisis de la cuestión, desde la comisión recordaron que en su informe anual de 2023 ya habían advertido “la persistencia de una política articulada de represión” en Venezuela, a cuyas autoridades habían recomendado que se abstuvieran de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y que si una persona era privada de la libertad, aseguraran que se cumplieran todas las garantías del debido proceso. “De manera reciente, la comisión ha condenado las prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, como la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política”, señalaron y acotaron: “La estrategia de detención y criminalización estaría dirigida particularmente contra aquellas personas que son percibidas como opositoras al régimen, incluyendo periodistas, dirigentes de la oposición, personas defensoras de derechos humanos, entre otros”.
En eso, marcaron: “La Comisión entiende que las circunstancias en que se ha producido la detención del propuesto beneficiario [por Gallo], sumado al monitoreo contextual del país realizado por la CIDH, resultan relevantes en el análisis de los requisitos reglamentarios”.
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