En la gestión de su hermano Enzo, Camilo Carrizo recibió una pensión de la ANSES

Camilo Carrizo fue uno de los cuatro imputados por «robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda» que tuvo la causa del asalto en Parque América en la madrugada del 4 de septiembre del año pasado, junto a Guillermo Hernán Nieva, Diego Marcelo Arroyo y Fernando Ariel Pacheco. Todos lograron el beneficio de la absolución por el acuerdo homologado en la Justicia, que le permitió pagarle $8 millones a las víctimas del hecho para desligarse del trámite judicial. La particularidad del caso son las conexiones políticas de Carrizo, quien es primo de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, y hermano del intendente de Saujil y exgerente de la UDAI ANSES Catamarca, Enzo Carrizo. De hecho, durante la gestión de su hermano en el organismo nacional, Camilo Carrizo comenzó a percibir una prestación previsional. Además, es empleado de la EC SAPEM y proveedor del Estado.

Según pudo conocer El Ancasti, Camilo Carrizo percibe una prestación previsional desde mayo de 2023, que podría estar vinculada a una pensión por invalidez o discapacidad: en el expediente de la causa de Parque América consta que padece una enfermedad. La comenzó a percibir en los últimos meses de la gestión de su hermano Enzo como jefe de la UDAI Catamarca de la ANSES, cargo que ocupó desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2023, momento en el que asumió como intendente de Saujil. En el medio, Enzo Carrizo se convirtió en empleado de planta permanente del organismo, lo que fue expuesto por diputados de la oposición a principios de 2024.

Tal como lo contó El Ancasti días pasados, Carrizo además era proveedor del Estado y había logrado vender una serie de elementos al Ministerio de Seguridad que conduce su prima Fabiola Segura. Estuvo inscripto como proveedor del Estado desde el 15 de marzo de 2021 en los rubros de ferretería, electricidad, telefonía y pinturas; y actualmente se encuentra con el registro desactualizado por el vencimiento de documentación. Sin embargo, en una búsqueda de procesos en los que participó se puede ver que entre 2023 y 2024 realizó ofertas en al menos 19 expedientes de compra y logró venderle al Gobierno en diez oportunidades.

En tal sentido, los elementos que le compraron alcanzaron la suma de 81,6 millones de pesos. En abril de 2024 entregó al Ministerio de Seguridad 320 conos señalizadores, 80 matafuegos, 60 bastones luminosos para balizas señalizadoras, 60 balizas intermitentes, 300 cintas señalizadores de peligro y 120 pilas alcalinas de primera marca, todo por unos 41 millones de pesos. Además, participó de compras de elementos que fueron destinados al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Social, todos o la mayoría por el mecanismo de la contratación directa.

Las conexiones políticas de Carrizo habían sido expuestas por una de las víctimas del asalto en Parque América, Gustavo Rolón Reynoso, hermano de Matías Exequiel, quien está cumpliendo prisión domiciliaria por su participación en el expediente de RT Inversiones. Rolón Reynoso cuestionó, en octubre pasado, la decisión del juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, que les había concedido la libertad bajo caución a Carrizo y Nieva, al considerar que ambos tienen suficiente arraigo en la provincia, tienen familia y desarrollan su actividad comercial, además de que no contaban con antecedentes policiales ni judiciales. «No queremos pensar que les dan la libertad por su parentesco», ironizó Rolón Reynoso, quien estaba asesorado por el abogado Rolando Crook.

Expectativa por el Jury

En febrero, el Tribunal de Enjuiciamiento deberá resolver si acepta o no el pedido de juicio político contra el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla y el juez Rodolfo Maidana, que fuera presentado la semana pasada por el diputado provincial Hugo Ávila (FAC). Ambos están acusados por mal desempeño e ignorancia inexcusable del derecho por haber convalidado el acuerdo absolutorio entre Carrizo, Arroyo, Nieva y Pacheco; y los Rolón Reynoso, a quienes les deberán pagar $8.000.000 de resarcimiento.

Ávila también cuestionó que en la investigación nunca se identificó a un quinto integrante de la banda, que habría huido del domicilio a pie, mientras que los otros cuatro fueron detenidos a bordo de una camioneta que es propiedad de Carrrizo. El diputado prometió presentar el caso al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.n