sábado, 4 enero, 2025

El Gobierno eliminó las restricciones a la exportación de chatarra

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jueves, 2 de enero de 2025 12:00

El Gobierno nacional anunció que no renovará los decretos 1040/20 y 70/23, que desde 2009 prohibían la exportación de desechos metálicos. La decisión fue comunicada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien detalló los argumentos detrás de la medida.

En redes sociales, Sturzenegger afirmó: “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado”. “Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, agregó.

Impacto en el reciclaje y el mercado

El ministro explicó que la prohibición perjudicaba tanto al reciclaje como a las pequeñas empresas dedicadas a esta actividad. “Al deprimir el precio local de los desechos, desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)”, señaló.

Sturzenegger también destacó que, en los últimos meses, recibieron “incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”. Según el ministro, esta normativa beneficiaba a los grandes procesadores de chatarra en detrimento de pequeñas empresas y limitaba el desarrollo de nuevos mercados internacionales.

Un cambio en políticas de larga data

La normativa original se implementó en 2009 con el objetivo de fortalecer la industria siderúrgica local, que utiliza chatarra como insumo. En aquel momento, el Gobierno argumentó que la medida era necesaria por la escasez de materiales en el mercado interno, afectando la competitividad de las empresas metalúrgicas y otras industrias a lo largo de la cadena de valor.

“La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días, pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente, se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, finalizó Sturzenegger.

El levantamiento de estas restricciones abre la posibilidad de nuevos mercados para las empresas recicladoras y podría incentivar el desarrollo de la economía circular en el país.

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