Una esperanza para frenar la violencia

Uno de los relevamientos que tenía mucha credibilidad era el que se impulsaba desde el Estado junto a la agencia Télam y distintas organizaciones civiles con respecto a femicidios y violencia de género. La decisión del Gobierno nacional de desmantelar no solo el Ministerio de la Mujer sino cualquier otra política de protección a mujeres y diversidad tiñe de desconfianza el discurso oficialista cuando sus funcionarios afirman que disminuyeron los femicidios. Ese mensaje no goza de credibilidad frente al desfinanciamiento de políticas para prevención y erradicación de la violencia, pero un fallo de la Justicia devuelve cierta esperanza.

“Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10 por ciento este año. Esto es gracias al gran trabajo de los ministros Patricia Bullrich y Cúneo Libarona. Detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan mujeres”, dijo el jueves pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin detallar los fundamentos de la supuesta estadística. Y con el cuidado de evitar la palabra «femicidio», como si esta ya no perteneciera a todos los argentinos, más allá de cualquier pertenencia política. Las organizaciones que trabajan en relevamientos sobre violencia de género coincidieron en señalar en que esos dichos no coinciden con la realidad y demuestran con sus investigaciones que, lejos de haber bajado, los femicidios aumentaron. Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2023, la Casa del Encuentro contabilizó 243 femicidios en todo el país y 275 en el mismo período de 2024: los números demuestran que no sólo no disminuyeron sino que aumentaron un 13,2 por ciento.

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Las organizaciones que defienden mujeres y diversidad tratan de sostener la tarea contra viento y marea y con esfuerzo propio. Sin embargo, el fin de año trajo una luz de esperanza y justicia.

El Juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso AdministrativoFederal 1, hizo lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones de la sociedad civil, en junio de este año, que solicitaba al Ministerio de Justicia a que se abstenga de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Todo ello hasta tanto el Ejecutivo asegure y dé certezas sobre cómo cumplirá las leyes vigentes y compromisos internacionales en materia de violencias.

Paradójicamente, en su resolución el magistrado destaca que el Ministerio de Justicia a pesar de haber alegado que los programas y recursos se encuentran reorganizados conforme el criterio de eficacia y eficiencia de la actual gestión de gobierno, no ha presentado en el expediente judicial constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas.

El Poder Judicial dio un paso trascendental en la defensa de derechos y las organizaciones civiles demostraron que continúan de pie y respondiendo en silencio frente al aparato violento.

No es solo recuperar un bien ganado como la credibilidad de las cifras de la violencia, sino contar con las herramientas y el presupuesto para retomar la senda de la prevención.