Uno de los eventos más importantes para el Triángulo Norte, como se conoce a la región formada por Honduras, Guatemala y El Salvador, inició en falso a mediados de febrero, cuando un tribunal de Nueva York prorrogó el juicio por narcotráfico al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Ya entonces, en medio de un invierno nevado, cerca del barrio chino en Manhattan, a las puertas de la corte del distrito sur, se habían juntado decenas de hondureños para asegurarse un sitio en el que se pintaba como el juicio más importante en la historia del país centroamericano.
El juicio a Hernández arrancó a finales de febrero. Por primera vez desde que juzgó al dictador panameño Manuel Noriega en 1992, también por narcotráfico, la justicia estadounidense sentaba en el banquillo a un hombre que había sido presidente de un país.
Las olas de aquel juicio aún resuenan en Honduras, cuya política, a pesar de que Hernández está ya preso y condenado, sigue marcada por la influencia del narco.
Al final, el 8 de marzo, el juez Kevin Castel leyó el veredicto de culpabilidad al que habían llegado doce jurados tras dos semanas de juicio. Hernández, de 55 años entonces, fue condenado a pasar los próximos 45 años en la cárcel.
Lejos de la prisión en que el expresidente hoy pasa los días, en Honduras, el país que gobernó entre 2014 y 2022, sigue marcado por la influencia que los grandes traficantes de cocaína han tenido en la política nacional.
El gobierno de Xiomara Castro, la sucesora de Hernández, está en su etapa final, marcado también por señalamientos de vínculos entre la familia de la presidenta y los mismos narcotraficantes con los que Juan Orlando Hernández se coludió.
No fue un año menos convulso en los países vecinos, Guatemala y El Salvador, que junto a Honduras comparten la porción norte del istmo centroamericano, la región que la política exterior estadounidense dio por llamar el Triángulo Norte.
Guatemala, la más grande y próspera de los tres vecinos, vivió el año que termina en constante convulsión política por el enfrentamiento sin tregua entre el presidente Bernardo Arévalo, un social demócrata moderado que tomó posesión el 15 de enero, y la fiscal general del país, Consuelo Porras, a quien el gobierno de Joe Biden en Washington listó como funcionaria corrupta y antidemocrática.
Y en El Salvador, el más pequeño de los tres, toda la vida política, social y económica estuvo marcada por un solo nombre, el de Nayib Bukele, el popular presidente que se reeligió con el apoyo de la gran mayoría de votantes a pesar de que la Constitución del país prohíbe un segundo periodo presidencial consecutivo.
Los tres países esperan 2025 con la incertidumbre de los posibles efectos que generará la política migratoria de Donald Trump, el presidente electo en Estados Unidos, quien asume su segundo mandato el 20 de enero próximo y ha prometido deportar de inmediato a millones de indocumentados, entre ellos a miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.
El año terminó como había arrancado, con un escándalo generado por la enésima revelación de los tratos entre el narcotráfico y el poder político. A inicios de septiembre de 2024, el periodista Jeff Ernst publicó un video en el que aparecen varias personas con narcotraficantes, entre ellos Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de la banda Los Cachiros, una de las más poderosas y letales de Honduras la década pasada.
Uno de los que ahí departe es Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro y entonces vicepresidente del Congreso. En el video, Zelaya habla con Rivera Maradiaga de un soborno para “el comandante”, un hombre al que medios y políticos hondureños identifican como Manuel “Mel” Zelaya, el esposo de la presidenta.
Johel Zelaya, el fiscal general de Honduras, dijo haber abierto un expediente tras la publicación del video, e incluso anunció que entrevistaría a los Zelaya y a otras personas. Sin embargo, con 2024 a punto de terminar, no está claro si el Ministerio Público ha avanzado con esas investigaciones. Carlos Zelaya renunció al Congreso, pero por ahora no hay imputaciones en su contra.
Rivera Maradiaga, el hombre que aparece hablando de entregar dinero al “comandante” en aquel video, es una figura central en la historia reciente del narcotráfico hondureño.
Jefe de Los Cachiros desde finales del siglo pasado, Rivera fue uno de los principales involucrados en el ensanchamiento de las rutas de la cocaína en Honduras y fue, también, un emprendedor: él y su hermano Javier involucraron a los políticos hondureños en sus negocios, los sobornaron e incluso crearon compañías para hacerse con contratos estatales. Los Cachiros eran letales: Devis Leonel Rivera ha aceptado que él participó, como autor material o intelectual, en más de 50 homicidios.
El Cachiro, como también se le conoce, empezó a colaborar con la DEA en 2013 y a partir de entonces grabó sus reuniones con políticos hondureños como Carlos Zelaya, y con otros que lo llevaron hasta el expresidente Juan Orlando Hernández.
Poco después de aquello, Rivera se entregó a la justicia estadounidense y desde entonces guarda prisión en Nueva York, donde su testimonio ha sido utilizado como prueba en varios juicios, entre ellos el de Hernández.
El 12 de diciembre pasado, Rivera Maradiaga también fue testigo en una audiencia del proceso judicial contra Midence Oquelí Martínez, un político hondureño asociado con el narcotráfico que fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y quien fue socio político de la familia política de la presidenta Castro.
Durante esa audiencia de diciembre, el Cachiro dio más detalles de su relación con la política hondureña y profundizó en la línea narrativa que atraviesa todos sus testimonios, la de un Estado nacional al que el crimen organizado y el narcotráfico han infiltrado por completo sin importar el signo político de quienes lo gobiernan.
Cuando Juan Orlando Hernández era juzgado, entre febrero y marzo de 2024, el fiscal general Johel Zelaya envió a Nueva York a un grupo de sus agentes para recoger información y, si era necesario, abrir nuevos expedientes en Honduras.
Tras la condena al expresidente, Zelaya anunció que abriría varias líneas de investigación, y fuentes del Ministerio Público dijeron a Infobae que una de ellas incluye a Ana García de Hernández, la exprimera dama. Poco se sabe, sin embargo, qué ha pasado con esos expedientes.
Bernardo Arévalo, el catedrático que había sido elegido presidente del país en agosto de 2023, asumió en enero de este año tras un largo periodo de transición marcado por ataques de grupos económicos y políticos que veían en su ascenso una amenaza y por intentos de la fiscal general, Consuelo Porras, de impedir la toma de posesión con persecuciones penales al nuevo mandatario y a su partido.
El triunfo del socialdemócrata Arévalo en las presidenciales del año anterior rompió con una seguidilla de gobiernos conservadores marcados por la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
Alejandro Giammattei, el antecesor de Arévalo, fue señalado por Estados Unidos como un funcionario corrupto, pero las investigaciones contra él y sus allegados, entre ellos Miguel Martínez, un colaborador cercano, fueron bloqueadas por Consuelo Porras, la fiscal general a la que el expresidente confirmó en el cargo en 2022.
Porras, además, emprendió durante la era Giammattei una persecución a gran escala contra dos de sus antecesoras, contra fiscales y abogados que habían investigado complejos esquemas de corrupción, y persiguió también a periodistas que denunciaron esas redes.
En octubre de 2024, tras permanecer más de 800 días en prisión fue liberado el periodista José Rubén Zamora, exdirector de El Periódico y uno de los más influyentes del país.
Zamora fue detenido por órdenes de Porras luego de publicaciones que comprometían al expresidente Giammattei con sobornos millonarios. El Ministerio Público que dirige la fiscal general ha pedido que Zamora vuelva a la cárcel y ha emprendido la persecución penal contra Juan Luis Font, otro periodista.
Porras tampoco ha cesado en sus empeños de perseguir penalmente al presidente Arévalo, contra quien su fiscalía ha abierto expedientes por supuesto fraude electoral o por apoyar una protesta universitaria.
Hasta ahora, Porras no ha tenido éxito en el empeño de eliminar la inmunidad que protege al presidente, pero sí ha forzado renuncias en el gabinete y pavimentó la ruta para dejar sin representación al Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, en la directiva del Congreso.
El presidente no puede ordenar la remoción de la fiscal general, y no cuenta con el apoyo legislativo para que lo haga el Congreso, por lo que no parece que la situación cambie, al menos hasta 2026, cuando termina el periodo de Porras.
Mientras, el MP sigue archivando causas y terminando procesos abiertos a implicados en grandes casos de corrupción.
Bukele juró como presidente de El Salvador por segunda vez el 1 de junio de 2024. En febrero había ganado las presidenciales por amplios márgenes. Días después, en la legislativa, la ínfima oposición que aún existía en el país quedó, en la práctica, aniquilada. Ya entrado su segundo mandato, el joven presidente mantiene índices de popularidad nunca vistos en el país.
Desde el extranjero, el presidente recibe palmadas en la espalda por sus éxitos en seguridad pública, marcados por la drástica reducción en los índices de homicidios y el desmontaje de las pandillas MS13 y Barrio 18.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT, su megacárcel modelo, se ha convertido en una especie de escaparate al que visitan medios de prensa y periodistas escogidos y funcionarios internacionales.
La pobreza en el país centroamericano, sin embargo, ha aumentado. Indicadores recogidos por el Banco Mundial muestran, por ejemplo, que la pobreza extrema se duplicó durante el primer periodo de Bukele y que uno de cada 3 salvadoreños vive en la pobreza.
Enfrente, además, el país tiene un programa de ajuste que vendrá tras un acuerdo por una línea crediticia de USD1.4 mil millones con el Fondo Monetario Internacional. Ya para finales de 2024, el gobierno Bukele había despedido a entre 3,000 y 5,000 empleados públicos según denuncias de sindicatos y ONG.
Pero los reclamos más comunes a Bukele y su gobierno tienen que ver con el ascenso de sus formas autoritarias y con violaciones constantes a los derechos humanos de sus gobernados. Su reelección, por ejemplo, contraviene la Constitución del país.
La prensa y organismos internacionales, incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos, han recogido denuncias según las que más de 300 personas han muerto en las cárceles del país durante el régimen de excepción que Bukele decretó en marzo de 2022 y que dura hasta la fecha, y el cual restringe derechos constitucionales básicos. Naciones Unidas también habla de desapariciones forzadas durante este régimen.
Uno de los casos más emblemáticos de estas violaciones es la muerte de Alejandro Musyhondt, un exasesor de seguridad nacional de Bukele, mientras estaba bajo custodia del Estado.
Muyshondt, quien una vez fue cercano al presidente, fue acusado de revelación de secretos y detenido en agosto de 2023 tras denunciar corrupción en el círculo íntimo de Bukele.
Falleció en febrero de este año tras recibir golpizas, perder parte de sus funciones motoras y de habla y de ser sometido a al menos 8 cirugías, cuatro ellas en la cabeza, sin su consentimiento ni el de su familia.
Bukele cerró el año, a pesar de todo, con sus índices de popularidad intactos. En diciembre, el Congreso que él controla aprobó una ley que permite la minería metálica, hasta ahora prohibida en el país, y reeligió como fiscal general a Rodolfo Delgado, un funcionario que no ha dudado en perseguir a adversarios políticos del presidente mientras desecha investigaciones que lo involucran a él o a sus allegados.