El Gobierno despidió a más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público y anticipó su intención de eliminar ese organismo, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el fin de garantizar el derecho a una comunicación democrática, a tomar reclamos de las audiencias en materia de desinformación, fake news y ante el incumplimiento de derechos garantizados,
La decisión fue tomada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, justificada por la Resolución 107 del Poder Ejecutivo. Esto deja al organismo con un total de 40 empleados y echa a la calle a otros 104, lo que, explicaron desde Página 12, deja vaciadas varias instancias dentro del proceso estipulado por la ley.
Por su parte, Sturzenegger afirmó que la administración de Javier Milei «respeta plenamente el derecho de expresarse» y dijo que la Defensoría daba “cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada” y que “aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza”.
Respecto de la “persecución”, sostuvo que la Defensoría fue creada “para doblegar al periodismo independiente” y que “juntaba denuncias contra periodistas críticos del kirchnerismo”, citando como ejemplo de víctimas a los oficialistas Luis Majul y Jonatan Viale.
El vocero presidencial Manuel Adorni precisó que hay un «universo de 75 mil contratos en permanente revisión» y que a principios de enero se sabrá cuántos de los 50 mil que vencen a fin de año serán renovados. Sin embargo, aclaró que esto «dependerá de la autoridad superior de cada contrato».
Los gremios advirtieron que en los últimos días se enviaron 10 mil intimaciones a jubilarse. Pero tanto ATE como UPCN, los dos gremios mayoritarios del sector, exigieron la renovación automática de todos los contratos en riesgo.
Según manifestó aquél medio, la idea del Gobierno Nacional era justificar despidos con la desaprobación de los «exámenes de idoneidad» que se les tomó a los empleados de ministerios y secretarías, pero el 96% aprobó las pruebas.
En lo que va del año, más de 37.600 estatales quedaron en la calle, la mayoría por la no renovación de sus contratos trimestrales.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó los despidos como “cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país” y advirtió que el objetivo detrás de esa decisión es allanar “el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener”.
“Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia”, denunció.
Por su parte, la defensora del Público, Miriam Lewin, negó que desde ese organismo se persiguiera a opositores.
“El Gobierno que basa su comunicación en una granja de cientos de twitteros que persiguen e intimidan al que piensa distinto dicen que en la Defensoría del Público se perseguía a la prensa”, cuestionó.