jueves, 26 de diciembre de 2024 15:40
A partir del 31 de diciembre vencen 50.000 contratos en distintas áreas de la administración pública nacional y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza una nueva medida de fuerza, ante la posibilidad de que el Gobierno decida avanzar con otra ronda de despidos en el Estado. “No puede existir un solo despido”, sostienen desde el sindicato.
Se teme que esto ocurra porque, en la semana previa a la Navidad, la Casa Rosada confirmó la desvinculación de 2400 empleados “irregulares” del Ministerio de Justicia y dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), lo que provocó la eliminación de 1388 puestos laborales. Ante esa situación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó por la renovación automática de los trabajadores estatales y una recomposición salarial de emergencia.
Según datos del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron las pruebas, que son obligatorias e incluyen preguntas de competencias básicas. Cerca de 50.000 empleados debían rendir la evaluación como requisito obligatorio para renovar sus contratos.
El Ejecutivo asegura que la aprobación del examen, sin embargo, es “necesaria, pero no suficiente” para asegurar la renovación, que se definirá luego por los “parámetros usuales”. Hay tres tipos de evaluaciones: una orientada a “servicios generales”, otra a “administrativos” y una última a “profesionales”. Todas son anónimas, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial, en formato multiple-choice.
Los resultados se procesan de forma automática para evitar cualquier sesgo en la corrección.
El proceso forma parte de un plan más amplio que impulsa Sturzenegger y es conocido como “deep motosierra”, destinado a reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y elevar los estándares de desempeño de sus trabajadores.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura advertencia ante el vencimiento de 50.000 contratos en distintas áreas de la administración nacional. “El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los vínculos. El proceso tiene que ser automático”, sostuvo. Y advirtió: “Para ponerle límites al gobierno de Milei tenemos que seguir en la calle”.
Asimismo, expresó que “Tenemos que seguir movilizados porque no solo están en juego nuestros salarios y puestos de empleo, sino toda la institucionalidad de nuestro país”, cerró el dirigente gremial.
El presidente Javier Milei repitió en varias oportunidades que irá a fondo con los despidos, mientras que desde su equipo sostienen que los contratados continúan en constante revisión y que “cada área debe argumentar la razón por la que mantiene la estructura”.
Entre las distintas medidas que tomó el Gobierno para avanzar en su plan de reducción de gastos, una de las que mayor impacto generó fue el ajuste sobre los empleos en la administración pública. De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal pasó de 341.473 personas en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre. Es decir, que hubo una reducción del 10,48% del total de la planta o 35.785 puestos de trabajo.
Los recortes se registraron en todas las dependencias públicas. Sin embargo, si se observa en detalle, aparecen algunos datos más precisos: en primer lugar, dentro de toda la llamada administración pública nacional -que incluye todos los ministerios y los organismos descentralizados- se eliminaron 23.457 puestos laborales en los primeros 10 meses de 2024.