jueves, 26 de diciembre de 2024 16:40
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado anunció una medida que marcará un giro en la estructura de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). Con la decisión de despedir a 100 trabajadores estatales, el organismo, creado por la Ley 26.522 en 2009, reducirá su planta de empleados de 144 a solo 40. Esta resolución fue comunicada por el ministro Federico Sturzenegger, quien destacó los objetivos de eficiencia y transparencia en el gasto público.
Esta medida adoptada incluye una significativa reducción en los recursos humanos y una revisión de las funciones del organismo. Según Sturzenegger, el DPSCA había acumulado, desde su creación, un gasto de 70 millones de dólares financiados por los contribuyentes. El ministro señaló que, en muchos casos, las denuncias recibidas por la Defensoría se repetían con textos idénticos, lo que ponía en duda su eficacia y utilidad real.
Además, se mencionó que el organismo poseía un estudio de televisión portátil que era utilizado en actividades que el funcionario describió como «adoctrinamiento». Este equipamiento será rematado como parte de la restructuración.
Es así que el rol de la DPSCA, establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, era recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público relacionadas con contenidos en radio, televisión y otros medios. Sin embargo, la resolución 107 redefine esta misión, limitando las actividades de la institución y enfocándose en una estructura más compacta y, según el ministro, eficiente.
Por otro lado, Sturzenegger aseguró que la Defensoría albergaba a una considerable cantidad de militantes rentados, indicando que cerca de la mitad de los empleados tenían vínculos con estructuras políticas del partido de La Matanza. Estas declaraciones han generado una amplia discusión sobre la imparcialidad y el propósito original del organismo.
Asimismo, el ministro abrió el debate sobre la pertinencia de mantener instituciones como la DPSCA en el sistema estatal argentino. Este planteo podría derivar en futuras discusiones legislativas respecto a su continuidad.
Aseguraron desde la administración nacional, que la decisión de recortar personal y recursos en la DPSCA es parte de un plan más amplio de racionalización del gasto público que promueve el actual gobierno. Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Sectores de la oposición y organizaciones relacionadas con la comunicación han expresado su preocupación por el debilitamiento de un organismo que, según ellos, busca garantizar los derechos del público en materia de comunicación.
El debate sobre el futuro de la DPSCA y su papel dentro del esquema estatal seguramente continuará en los próximos meses. Mientras tanto, la implementación de estos cambios marcará una nueva etapa para la Defensoría, con una estructura más reducida y nuevas prioridades en su accionar.