El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la derogación del Decreto Nº 805/2021 que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas en el país, y que se encontraba vigente desde 2006.
El decreto establece el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestas por la Ley 26.160 y sus prórrogas y solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente. Con lo cual, esta resolución marcó un giro en la política estatal respecto de las comunidades indígenas.
Según los fundamentos expuestos en el decreto 1083/2024, la prolongación de esta emergencia por 18 años generó «inseguridad jurídica» y una «grave afectación al derecho de propiedad» de legítimos dueños, así como al dominio provincial sobre recursos naturales, explicó Ámbito Financiero.
También adujo que la suspensión de desalojos dificultó actividades productivas y recreativas, además de fomentar conflictos territoriales. Asimismo, sostuvo que esto garantiza la propiedad privada como «pilar principal» para atraer inversiones ya segura la soberanía nacional.
Además, aseguró que resuelve los conflictos que afectaron a propietarios desplazados durante casi dos décadas.