La diputada provincial por el Frente de Todos, Adriana Díaz (Partido Intransigente), expresó su opinión con respecto a la academia premilitar y protección civil», que ofrece instrucción con certificación a niños y niñas desde 5 a 13 hasta 20 años, en una localidad del departamento Valle Viejo. «Esperamos conocer pronto los informes a la comunidad de los Ministerios de Educación, Seguridad, Desarrollo Social desde la Secretaría de Familia de quien depende el órgano de aplicación del sistema de protección de niñez. También de la Secretaría de Personería Juridica, a fin de conocer si dicha organización cuenta o no con aval / autorización para funcionar, sea de orden municipal, provincial o nacional».
«Los Niños, Niñas y Adolescentes (NNy A) tienen derecho al cuidado, la educación, la recreación y el desarrollo integral, aunque no son las “academias” y “asociaciones” pre – militares/policiales quienes deban tener competencia en ello«, agregó.
Además Díaz indicó que el Estado es quien se debe hacer responsable de las formas de educación: «Si bien, las erradicadas gendarmería y policía infantiles declamaban más o menos los mismos objetivos que hemos visto invocan hoy “academias” y “asociaciones”: contener a los NNyA, orientarlos, impedir que “se descarrilasen”, que “estén en la calle”, sustraerlos “de todo factor negativo”, es el Estado quien tiene que llegar a los NNyA a través de la Educación pública: los jardines, escuelas de doble jornada. También a través de espacios recreativos y deportivos. Esos son los ámbitos».
Siguiendo la misma línea, la diputada señaló: «El guardapolvo blanco, símbolo de la igualdad, no puede ser suplantado por ningún uniforme. Aunque padres, madres, tutores a cargo del cuidado de sus niños/as vean en organizaciones pre-policía/militar la posibilidad de contención, eso es algo que tiene que ver con la educación y cultura. A los «valores» se los inculca convenientemente en el ámbito familiar, escolar, Y en clubes sociales y deportivos».
Erradicación de las gendarmerías y policías infantiles
La diputada hizo hincapié en el Acta Compromiso por la Erradicación de las Policías y Gendarmerías Infantiles que «en octubre de 2010 se elaboró en Tucumán y fue firmada en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la que suscribió Catamarca. Las policías infantiles fueron erradicadas por decreto junto con la gendarmería infantil en 2011. Luego, se firmó en 2012 un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para la erradicación de esas agrupaciones».
«Considero que, por extensión, cabría encuadrar la situación que nos ocupa en el marco de los principios de la citada acta compromiso citada», manifestó la diputada.
«Por otra parte, el artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño, que se refiere al reclutamiento de niños para fuerzas de seguridad prescribe que “la educación del niño debe inculcarle el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales, y prepararlos para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión y paz». Esos mismos principios han sido receptados por la Ley Nº 26.061 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina.- Ley provincial Nº 5292″.
«Por otro lado, como las actividades de policías y gendarmes son consideradas como laborales, el documento advierte que «no existe ningún fundamento serio para el entrenamiento policial o militar por debajo» de los 16 años. El límite lo marca la ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente», finalizó Díaz.
Pedido de informe
Además, la legisladora presentó en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de resolución a través del cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, «por medio de los ministerios de Educación, Seguridad y Desarrollo social informe si la “Academia pre militar y protección civil General José de San Martin” cuenta con autorización oficial para su funcionamiento y para brindar certificaciones que acrediten cursadas de contenidos teóricos y prácticos vinculados con entrenamiento de tipo militar o policial, y si cuenta con personería jurídica acreditada en nuestra provincia, sus objetivos y actividades declaradas.