La Fiscalía Federal a cargo de Rafael Vehils Ruiz inició una investigación de oficio para determinar si las quiebras de Edgar Adhemar Bacchiani (persona física), y Adhemar Capital SRL fueron solicitadas en forma fraudulenta.
Fuentes judiciales informaron que la investigación está en pleno proceso y que se ordenó una importante cantidad de medidas.
La pesquisa fue iniciada ante la presunción de que efectivamente Bacchiani podría haber incurrido en una quiebra fraudulenta, lo que derivaría en mayores perjuicios para sus acreedores.
El delito está tipificado en el artículo 176 del Código Penal de la Nación, sobre “quebrados y otros deudores punibles”.
La norma prevé que será reprimido como “quebrado fraudulento”, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a 10 años, el comerciante declarado en quiebra que en fraude de sus acreedores, hubiere simulado o supuesto deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas; no haya justificado la salida o existencia de bienes que debiera tener, que haya sustraído u ocultado alguna cosa que correspondiere al total del capital; o haya concedido ventajas indebidas a cualquier acreedor.
El fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez había considerado que existían elementos suficientes como para iniciar una investigación, lo que luego fue confirmado por esa Cámara.
En este contexto, la Fiscalía Federal de Catamarca resolvió iniciar de oficio una investigación que abarcará el proceso de quiebra de Edgar Bacchiani y la empresa por él creada, Adhemar Capital.
Paralelamente la Fiscalía investigará, también de oficio, a los demás socios.
Las dos quiebras fueron solicitadas en el año 2022 y los procesos se llevan a cabo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, Secretaría de Concursos y Quiebras.
En marzo de 2024 ese Juzgado Comercial dictó sentencia sobre la quiebra de la empresa Adhemar Capital SRL, de la cual y de acuerdo con los datos del estatuto social obtenido por el Banco Central (BCRA), Bacchiani posee 1.314 cuotas sociales de 10 mil pesos cada una. Garcés Rusa –una de sus exparejas procesadas en la causa-, cuenta con 146 cuotas sociales del mismo valor, totalizando entre ambos un capital social de 14.600.000 pesos.
El contrato social de la empresa fue suscripto en agosto de 2020 y dos años más tarde, Bacchiani pidió que sea declarada en quiebra.
Según el expediente de la quiebra de más de 250 fojas, se resolvió la situación de 270 damnificados, de los cuales se declaró como “verificados” a dos acreedores que reclaman más de $5.600.000.
La Justicia Comercial verificó que la empresa estrella de Bacchiani debe más de $1.500 millones, 75% menos que la financiera RT Inversiones SRL perteneciente al clan de Edmundo Bulacio, con la que compitió entre los años 2020 y 2022, y en cuya quiebra la Justicia verificó una deuda que supera los seis mil millones de pesos.
En cuanto a la quiebra de la persona física, fue requerida por varios acreedores. La reacción de Bacchiani fue solicitar que la quiebra se convierta en concurso preventivo pero no tuvo suerte.
En octubre de 2024, el mismo Juzgado Comercial declaró como verificados a 854 créditos (acreedores), nueve fueron considerados inadmisibles y cuatro directamente fueron desestimados.
La deuda por la quiebra de Bacchiani supera los 11 mil millones de pesos que sumada a la de la financiera rondan los 12.500 millones de pesos, sin considerar intereses.