El Gobierno nacional sigue sin convocar a sesiones extraordinarias y hay dudas con respecto a la voluntad para tratar el presupuesto 2025.
Estiman que la falta de una ley de Presupuesto para 2025 facultará al Gobierno a administrar de manera discrecional entre 25 y 33 billones de pesos, o entre 21 y 28% del gasto público que previó el Ejecutivo para el año próximo, según estimaciones que hizo el sitio periodístico Cenital en base a datos oficiales. Esto le permite al Gobierno tejer sus propios vínculos con Gobernadores aliados para tener respaldo en el Congreso de la Nación.
Es por eso que hay dudas con respecto a la intención del Gobierno de contar con presupuesto ya que volvería a prorrogar el último aprobado por el Congreso que fue el de 2023.
El dinero en juego (de 25 a 33 billones) comprende recursos para negociar con los gobernadores -unos $7,1 billones, entre obras y recursos corrientes-. También el manejo de los subsidios a la energía y el transporte ($6,2 billones) y recursos sensibles, como los que financian al PAMI ($2,9 billones). Estos últimos comenzaron a recortarse por el cambio en la cobertura de medicamentos que dispuso la administración de la obra social más grande del país.
De allí podría extraer fondos el Ejecutivo en el año electoral, si se descuentan los recursos que deben cubrir jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, salarios del sector público y servicios de la deuda.
El miércoles, el vocero Manuel Adorni afirmó que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para diciembre, pero no incluyó el proyecto de Presupuesto en el temario. Así, el año comenzará con la prórroga del texto que el Congreso sancionó a fines de 2022 para el ejercicio 2023. Esos créditos presupuestarios se actualizaron por decreto.
El artículo 27 de la Ley de Administración Financiera prevé que, si el Congreso no sanciona ley de Presupuesto, regirá “el que estuvo en vigencia el año anterior”, con algunos ajustes obligatorios para cubrir servicios de deuda, salarios, jubilaciones y otros compromisos impostergables. Los créditos vigentes al inicio de 2025 serán los del 31 de diciembre de este año. Es decir, el presupuesto inicial de 2024 actualizado por las distintas modificaciones que incorporó el Gobierno por decreto.
Según el análisis de la publicación en el año electoral, aproximadamente un cuarto de todos los créditos presupuestarios quedarán a tiro de la discrecionalidad del Gobierno. Las facultades que el Congreso le dio al Ejecutivo en la ley Bases profundizan la autonomía de Milei para recortar o repartir recursos.
ATN
Este año, las provincias que «colaboraron» con el Gobierno nacional fueron beneficiadas con aportes del Tesoro Nacional.
Los gobernadores considerados fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones), quienes vienen colaborando en el Congreso con el oficialismo. En este sentido, en noviembre recibieron ATN poco después de que ayudaran a sostener el veto de la ley de financiamiento educativo.
Según datos de Politikon Chaco, publicados por medios nacionales, en lo que va de este año la distribución total de ATN suma $ 49.800 millones mientras que el fondo tiene un remanente sin distribuir por $562.830 millones a precios corrientes. Desde hace años que los gobernadores insisten ante las diferentes administraciones nacionales que una vez terminado el año, reparta lo que quedó sin distribución.
El fondo de los ATN se integra con el 1% de la masa coparticipable. El objetivo es utilizarlo para aquellas provincias con emergencias o desequilibrios transitorios de caja. La transferencia, desde siempre, se hizo de manera discrecional. En lo que va del año se distribuyó apenas 8,1% del fondo total ($612.630 millones); es el nivel más bajo desde 2020 y está por encima del 2019, cuando se distribuyó, en el mismo período, 7,6%.
Entre enero y noviembre recibieron ATN Catamarca ($3.000 millones), Chubut ($4.500 millones), Entre Ríos ($6.800 millones), Corrientes ($1.000 millones), Jujuy ($4.500 millones), Misiones ($13.000 millones), Salta ($6.000 millones), Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe ($1.500 millones) y Tucumán ($6.500 millones). Son diez distritos sobre 24.n