Mediante un despacho de minoría al proyecto de ley de Presupuesto 2025, los diputados de la UCR plantearon mayores controles al Ejecutivo al momento de tomar un crédito para obras. En el dictamen del proyecto, que fue firmado por los diputados Alfredo Marchioli, Silvana Carrizo y Mamerto Acuña, los opositores establecen una mayor presencia de la Legislatura como ente de control del gasto.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 autoriza al Ejecutivo a tomar un crédito por $138 mil millones de pesos ($ 138.723.607.480) o su equivalente en otras monedas, con el objeto de financiar la ejecución de proyectos o programas sociales o económicos y/o de inversión pública en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2025.
Además, el proyecto original indica que “el Poder Ejecutivo podrá además atender casos de necesidad y cubrir con fondos provinciales los programas o proyectos de financiamiento nacional que por algún motivo suspenda la transferencia de fondos y sea debidamente justificada su consecución”.
En su despacho de minoría los legisladores radicales eliminaron algunas concesiones al Ejecutivo en torno al uso del crédito y añadieron una serie de pautas a la hora de tomar el crédito. En este sentido, los opositores eliminaron en su despacho que el dinero del empréstito pueda ser usado para financiar programas sociales, económicos o de inversión y fijan que solo podría ser usado “con el destino exclusivo a la ejecución de obras específicas, en desarrollo o a iniciar durante el Ejercicio 2025”.
También, eliminan la posibilidad de que el Ejecutivo pueda cubrir con fondos propios los programas o proyectos de financiamiento nacional que se pueda llegar a suspender.
En una serie de artículos agregados, los diputados establecen que los fondos conseguidos deberán ser destinados exclusivamente a las obras detalladas en el plan de obras “no pudiendo darse a dichos fondos un destino o finalidad diferente al establecido en la ley”.
Asimismo, dejan en claro que el Ejecutivo Provincial deberá realizar una rendición de cuentas trimestral de las obras ante la Cámara de Diputados y el Senado aclarando la empresa adjudicataria y modalidad de contratación; estipulación de plazos y etapas de cada obra detallada individualmente y avance de obra.
Finalmente, en caso de que el Ejecutivo considere necesario modificar el destino de los fondos del empréstito para un fin distinto al originalmente autorizado, deberá solicitar expresa autorización al Poder Legislativo.
Esta autorización tendrá el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley, es decir deberá ser aprobado por los dos cuerpos.
Dudas sobre fondos para ruta
El diputado Mamerto Acuña (UCR), cuestionó el anuncio de pavimentación de la ruta provincial N° 43, tramo Antofagasta de la Sierra-límite con Salta que, según el Ejecutivo, se realizará con una inversión de más de 30 millones de dólares provenientes de empresas mineras y fondos provinciales.
Según Acuña, la obra, que se presenta como financiada por el fondo fiduciario minero, figura en el Presupuesto 2025 enviado a la Legislatura como parte de un crédito que tomará la provincia. «Estamos hablando de que 15.000 millones de pesos irán directamente desde un préstamo al fondo fiduciario, sin ningún tipo de control efectivo sobre su ejecución», señaló el legislador quien advirtió que esta modalidad «se aleja de las necesidades prioritarias de los catamarqueños y genera un manejo discrecional de los fondos públicos».
«El discurso oficial afirma que es una inversión minera, pero en los hechos, el financiamiento proviene de un endeudamiento que compromete aún más las finanzas provinciales”, subrayó.
Acuña cuestionó la falta de claridad en torno a la solicitud de crédito. «No sabemos si se trata de un crédito estructurado o de la emisión de títulos de deuda. En cualquier caso, esto requiere el voto de dos tercios de la Legislatura, lo que no ha sido explicado por el Ejecutivo», afirmó.