El Gobierno anunció ayer que enviará al Congreso la ley de reforma para el Fortalecimiento Electoral, que implica la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios.
Al justificar la intención de eliminar las PASO, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que, desde su creación, las primarias «han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos».
«Solo en 2023, tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar tres veces», argumentó Adorni.
Además, remarcó que desde su introducción en 2011, únicamente «hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de los cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para poder participar después de las elecciones generales».
Sobre la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos, el Gobierno la justificó en el objetivo de «mejorar la representatividad» electoral y evitar la proliferación de «sellos de goma», cuyo objetivo es «recaudatorio», según subrayó Adorni.
De esta manera, de avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con «0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas».
En el caso de los partidos nacionales, «se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones», precisó Presidencia.
A su vez, se presentará «una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones y las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa».
En cuanto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas.
Según expresó Adorni, con esta iniciativa se busca “reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos”.
De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, las medidas a implementar, en caso de que prospere la norma en el parlamento, serían «el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley debían ceder los medios y la eliminación del financiamiento público para las campañas», por lo que «quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales».
También, en caso de aprobarse el proyecto, se reduciría la prohibición de hacer encuestas de «8 días a 3 días anteriores a cada elección» y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral».
La secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, que responde directamente al asesor Santiago Caputo, fue la encargada de crear el proyecto. Hasta ayer, algunos creían que debería impulsarse antes de fin de año y amalgamar la discusión con el debate por el Presupuesto 2025, incluyendo en el mismo texto unas líneas que propongan suprimirlas para derivar esos fondos a otras áreas. Otros creían que implicaría embarrar la relación con el PRO, que prefiere mantenerlas y sólo apoyaría que dejen de ser obligatorias. Finalmente se confirmó que se tratará en sesiones extraordinarias.