El presidente argentino Javier Milei ha confirmado a través de sus redes sociales que el Gobierno está trabajando para destruir las bases de datos de los 280.000 argentinos que participaron en el blanqueo de capitales, exteriorizando activos por un total de 18.000 millones de dólares.
Esta medida del Gobierno tiene como objetivo principal proteger a estos contribuyentes de la imposición de futuros impuestos, asegurando que la información sobre sus activos regularizados no pueda ser utilizada en su contra en el futuro.
El blanqueo de capitales es un mecanismo que permite a los contribuyentes declarar bienes y activos no registrados previamente, regularizando su situación fiscal a cambio de ciertos beneficios, como la exención de sanciones y la posibilidad de repatriar fondos.
En Argentina, este tipo de programas ha sido implementado en varias ocasiones, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal y fomentar la transparencia financiera. El último blanqueo de capitales, que culminó recientemente, fue considerado un «éxito rotundo» por el Gobierno, con más de 18.000 millones de dólares en activos regularizados.
Esta cifra incluye tanto dinero en efectivo como bienes inmuebles y otros activos, que ahora forman parte del sistema financiero formal. La decisión de destruir las bases de datos de los contribuyentes que participaron en el blanqueo fue anunciada por Milei en respuesta a una publicación en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
En su mensaje, el presidente afirmó: «Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo». Esta declaración fue en respuesta a un periodista que sugirió que el Gobierno estaba considerando eliminar los registros fiscales para evitar futuros impuestos sobre los activos regularizados.
Medidas
El objetivo del Gobierno con esta medida es claro: proteger a los contribuyentes que confiaron en el programa de blanqueo y evitar que futuros gobiernos utilicen esta información para imponer nuevos impuestos o sanciones. La destrucción de las bases de datos busca garantizar que los datos sensibles de estos contribuyentes no sean accesibles para terceros, preservando así la confidencialidad y la seguridad de la información fiscal.
La propuesta de destruir las bases de datos ha generado diversas reacciones entre expertos y analistas. Algunos consideran que esta medida es necesaria para cumplir con las promesas hechas a los contribuyentes durante el proceso de blanqueo, asegurando que no enfrentarán consecuencias fiscales adversas en el futuro. Sin embargo, otros argumentan que la destrucción de los registros podría complicar la supervisión y el control fiscal, dificultando la detección de posibles irregularidades.
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